AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
De manera hipócrita, en estos días seguramente veremos a funcionarios de la Supervisión Escolar Zona 017, de la Dirección General de Educación Primaria Estatal (DGEPE) y de la propia Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) organizar actos, discursos y fotografías para “conmemorar” el próximo 8 de marzo. Se hablará de igualdad, de respeto y de la lucha de las mujeres. Se repetirán consignas institucionales sobre derechos y dignidad.
Pero la realidad dentro de esas mismas oficinas cuenta otra historia muy distinta: la violencia de género y la misoginia se ejercen un día sí y al otro también, muchas veces desde las propias estructuras jerárquicas del poder público.
Hoy nuevamente enfrentaré un procedimiento ilegal construido por los cuñados poderosos instalados en la Secretaría de Educación de Veracruz. Deben de ser muy poderosos, porque la propia titular de la dependencia, Claudia Tello Espinosa, permite que se violente la ley de manera descarada y que se cometan actos de corrupción como los que hoy se realizan dentro de la Dirección General de Educación Primaria Estatal (DGEPE) y la Supervisión Escolar Zona 017.
En el discurso oficial se habla con insistencia de transformación, de combate a la corrupción y de un nuevo modelo de servicio público. Sin embargo, en la realidad cotidiana de las dependencias gubernamentales persiste un fenómeno que parece inmune a los cambios de administración: el influyentismo, el tráfico de influencias y el uso faccioso del poder jerárquico.
El problema no es abstracto ni teórico. Tiene nombre y apellido en muchos casos. En el ámbito educativo estatal, por ejemplo, la presencia de funcionarios como Christopher Couttolenc Ochoa y su cuñada Silvia Bautista Peraza ilustra con claridad uno de los vicios más arraigados del aparato burocrático: el uso de la estructura del Estado para presionar, hostigar o intimidar a quienes consideran que no pueden defenderse.
No se trata de episodios aislados. Como periodista y columnista recibo diariamente denuncias de trabajadores, ciudadanos y víctimas que describen el mismo patrón repetido en distintas dependencias públicas: servidores públicos que, amparados en su posición jerárquica, creen que la ley es un obstáculo menor y que la estructura institucional existe para protegerlos, no para servir a la sociedad.
El influyentismo es una de las enfermedades crónicas del servicio público mexicano. Aparece cuando el poder administrativo deja de entenderse como una responsabilidad y comienza a ejercerse como un privilegio personal o familiar. Cuando el parentesco sustituye al mérito. Cuando la jerarquía se utiliza para aplastar en lugar de para conducir.
Y es justamente ahí donde surgen conductas que terminan siendo profundamente violentas desde el punto de vista institucional: procedimientos fabricados, presiones administrativas, uso indebido de recursos públicos y manipulación de estructuras burocráticas para castigar o intimidar.
El problema es que quienes padecen estos abusos no solo enfrentan a sus victimarios directos. También deben librar otra batalla: obligar a las instituciones que deberían protegerlos a que cumplan su función. Porque la realidad demuestra que denunciar no siempre es suficiente.
Quien decide enfrentar a este tipo de funcionarios termina, muchas veces, luchando simultáneamente contra varias instancias: la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas. Instituciones que, en teoría, existen para garantizar derechos, pero que en la práctica con frecuencia requieren ser presionadas para cumplir con su deber legal.
Esa es una de las paradojas más desgastantes de la defensa de los derechos: no basta con denunciar; hay que insistir, vigilar, exigir, documentar y volver a insistir. El sistema institucional mexicano muchas veces avanza no por iniciativa propia, sino porque alguien lo obliga a hacerlo.
Es cansado, sí. Pero también es necesario.
Porque si algo demuestra la experiencia es que, aunque algunos funcionarios crean que pueden pasarse la ley por el arco del triunfo, la legalidad sigue siendo una herramienta poderosa cuando se utiliza con constancia y con conocimiento.
La magia —si es que puede llamarse así— de interponer una denuncia no está en presentarla y esperar. Está en no soltarla. En vigilar a los malos “justicieros” y a los malos “garantes de los derechos humanos” hasta que finalmente hagan aquello para lo que fueron creados: cumplir la ley.
Mientras eso no ocurra de manera natural dentro de las instituciones, seguirá siendo tarea de los ciudadanos, de las víctimas y de quienes ejercemos el periodismo mantener la presión. Porque el servicio público no puede seguir siendo refugio de influyentes, familiares o pequeños cacicazgos administrativos.
Y porque, aunque algunos se resistan a entenderlo, el poder público no es patrimonio personal: es una responsabilidad frente a la sociedad.
