Juez ordena frenar obras en humedal El Chirimoyo en Orizaba
Por Alberto Mejía
Un juez federal concedió una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo, con la cual se ordena detener temporalmente las obras que el Ayuntamiento de Orizaba realiza en el humedal El Chirimoyo.
La resolución judicial fue emitida el 5 de marzo de 2026 dentro del expediente 177/2026, y establece que las autoridades deberán abstenerse de intervenir en la zona con maquinaria pesada, además de suspender trabajos de limpieza y desazolve del vaso regulador mientras se analiza el fondo del caso.
La medida cautelar fue otorgada tras un recurso promovido por ciudadanos y defensores ambientales, quienes consideran que las obras impulsadas por el gobierno municipal podrían provocar afectaciones al ecosistema del humedal y a la biodiversidad que alberga.
De acuerdo con el acuerdo judicial, la suspensión busca mantener las cosas en su estado actual en tanto se revisan los argumentos de las partes involucradas en el proceso legal.
Autoridades deberán justificar obras
Asimismo, el juez ordenó que el Ayuntamiento de Orizaba presente documentación que respalde la intervención en el sitio, entre ella:
- El plan de trabajo
- Permisos correspondientes
- Estudios de impacto ambiental
- Esto con el objetivo de determinar si las obras cumplen con la normatividad vigente.
El gobierno municipal ha argumentado que las acciones en el humedal están relacionadas con la prevención de inundaciones y el control de fauna nociva, por lo que deberá acreditar estos señalamientos con documentación oficial.
Audiencia será el 11 de marzo
La resolución también establece que la suspensión provisional permanecerá vigente siempre que la paralización de las obras no represente un riesgo para la población.
Además, la audiencia incidental para determinar si procede la suspensión definitiva fue programada para las 10:31 horas del próximo 11 de marzo.
El humedal El Chirimoyo ha sido objeto de controversia en los últimos años debido a proyectos de infraestructura en la zona, ya que organizaciones ambientalistas y vecinos advierten que estas intervenciones podrían comprometer su integridad ecológica.
Para los defensores del área natural, la decisión judicial representa un paso importante en la protección del ecosistema, considerado clave para la regulación del agua pluvial y refugio de diversas especies de flora y fauna.
