AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hay anuncios gubernamentales que nacen con vocación de noticia y otros que nacen con vocación de espectáculo. El reciente “nuevo” Código de Conducta emitido por la gobernadora de Veracruz, la zacatecana Rocío Nahle García, pertenece más bien a esta segunda categoría. No porque la existencia de un código de ética sea irrelevante —todo lo contrario— sino porque, en rigor jurídico y administrativo, no estamos frente a ninguna novedad. Los códigos de ética y de conducta forman parte de las obligaciones permanentes que derivan del sistema anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de los lineamientos de integridad del servicio público que todas las dependencias deben observar. Es decir, no es un invento de última hora ni una genialidad administrativa del actual gobierno: es simplemente la actualización de un documento que, por ley, siempre ha debido existir.
Presentarlo como si fuera una innovación institucional es, cuando menos, una forma elegante de vender como reforma lo que en realidad es trámite.
El problema no está en el papel. El problema está en la historia política reciente que rodea a quienes hoy se erigen como guardianes de la ética administrativa. Porque entre los lineamientos más llamativos del documento aparece uno que, por sí mismo, abre una contradicción monumental: la prohibición de obligar a trabajadores a asistir a mítines políticos o a colaborar con actividades partidistas.
Sobre el papel suena impecable; en la realidad política mexicana —y particularmente en Veracruz— resulta casi una ironía involuntaria. El acarreo de burócratas para eventos políticos ha sido una práctica conocida durante décadas y no precisamente ajena a las estructuras que hoy gobiernan. Por eso el anuncio provoca inevitablemente una pregunta incómoda: ¿se trata de una verdadera decisión de limpiar la relación entre gobierno y partido o simplemente de una norma que servirá para simular que el problema no existe? En política, como en derecho, las prohibiciones suelen revelar algo elemental: aquello que se prohíbe es precisamente aquello que ya ocurre.
La paradoja se vuelve todavía más evidente cuando el código establece que no se podrán utilizar recursos humanos, materiales o institucionales para beneficiar o perjudicar a partidos políticos. Esta regla, que en cualquier democracia debería ser una obviedad, aparece ahora como si se tratara de un descubrimiento moral. Pero la administración pública mexicana no funciona en el vacío: está atravesada por inercias políticas, redes de poder y prácticas que durante años han confundido la frontera entre gobierno y partido.
Por eso resulta inevitable leer el documento con cierta dosis de escepticismo. No porque la norma sea incorrecta —todo lo contrario— sino porque su eficacia depende de algo que ningún decreto puede fabricar por sí solo: voluntad política para cumplirla.
Otro de los puntos que incluye el documento parece sacado directamente de la vida cotidiana de cualquier oficina pública: la prohibición de realizar actividades comerciales dentro de las instalaciones gubernamentales. Dicho así suena casi anecdótico, pero cualquiera que haya trabajado en dependencias públicas sabe que los pasillos de muchas oficinas terminan convertidos en pequeños mercados informales. Se venden alimentos, ropa por catálogo, artículos domésticos, tandas y una larga lista de productos que forman parte de la economía paralela de los trabajadores. No necesariamente es corrupción; muchas veces es simplemente una forma de sobrevivir con salarios precarios. Pero también es una práctica tolerada durante años por los jefes inmediatos, quienes miran hacia otro lado mientras la vida burocrática se convierte en una especie de tianguis institucional. La pregunta entonces no es si la prohibición existe en el papel, sino si realmente alguien pretende hacerla cumplir.
El documento también repite el catálogo habitual de virtudes que adornan todos los códigos de conducta del sector público: vocación de servicio, honestidad, respeto, responsabilidad, congruencia. Son principios loables, sin duda, pero que rara vez transforman por sí mismos la cultura administrativa. En el mundo real, los códigos no cambian instituciones; lo hacen los mecanismos de control, las denuncias que prosperan y las sanciones que se aplican. Sin órganos disciplinarios activos, sin protección efectiva para quienes denuncian abusos y sin consecuencias reales para quienes violan las normas, cualquier código termina convertido en lo que muchas veces ha sido en México: un documento elegante que duerme en un archivero mientras la realidad sigue su curso.
Quizá el aspecto más revelador del nuevo código no sea lo que promete, sino lo que admite de manera implícita. Al prohibir presiones para asistir a actos políticos y al advertir contra el uso de recursos públicos con fines partidistas, el documento reconoce indirectamente que esas conductas han formado parte de la práctica administrativa. Las normas no se redactan en abstracto: se redactan para corregir algo que ya está ocurriendo. Por eso la verdadera noticia no es la existencia del código, sino el reconocimiento tácito de que la frontera entre administración pública y operación política ha sido, por decirlo suavemente, demasiado flexible.
En el fondo, el anuncio coloca sobre la mesa un viejo dilema del servicio público mexicano: la distancia entre la norma y la realidad. Emitir reglas es relativamente sencillo; hacerlas cumplir es otra historia. La administración pública está llena de reglamentos impecables que conviven con prácticas que los contradicen todos los días. Y en esa distancia entre discurso y conducta es donde se juega la credibilidad de cualquier gobierno.
La gobernadora de Veracruz ha decidido recordarle a sus funcionarios que deben actuar con ética, integridad y respeto a la legalidad. Nadie podría oponerse a ese principio. Lo que queda por ver es si el código será algo más que una declaración de buenas intenciones. Porque la ética pública no se mide por los documentos que se publican, sino por las prácticas que se erradican.
Y en política —como en la vida— el tiempo suele ser el juez más implacable.
