Académico Rafael Vela Martínez
Por Julio Altamirano
El académico Rafael Vela Martínez advirtió que la crisis institucional en la Universidad Veracruzana (UV) ha escalado de un conflicto interno a un problema de legalidad pública que involucra al Estado de derecho y al Congreso de Veracruz.
El origen del conflicto se encuentra en la prórroga del mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, aprobada por la Junta de Gobierno, sin emitir una convocatoria pública para el proceso de sucesión, como lo establece la legislación universitaria.
De acuerdo con la normativa vigente, el rector de la Universidad Veracruzana debe ser designado por un periodo de cuatro años y, al concluir, debe abrirse un proceso de selección mediante convocatoria pública dirigida a académicos que cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, dicha convocatoria nunca fue publicada.
En su lugar, la Junta de Gobierno decidió otorgar una prórroga de cuatro años adicionales, lo que ha generado cuestionamientos legales debido a que la figura de la prórroga no está contemplada expresamente en la ley universitaria.
Ante esta situación, diversos académicos promovieron juicios de amparo para restituir la legalidad del proceso. Sin embargo, las primeras demandas fueron desechadas por juzgados federales, argumentando que la autonomía universitaria impedía el control constitucional mediante amparo, criterio sustentado en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
No obstante, Vela Martínez sostiene que ese criterio quedó superado tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 y la nueva Ley de Amparo de 2013, la cual establece que cualquier ente que realice actos equivalentes a autoridad y afecte derechos puede ser considerado autoridad responsable, incluyendo órganos universitarios.
El académico promovió el Amparo Indirecto 499/2025 contra la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, argumentando que la prórroga del rector vulnera principios constitucionales como la igualdad, la legalidad y el derecho a participar en procesos institucionales abiertos.
Aunque el amparo fue inicialmente admitido por un juez federal, posteriormente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito decidió no analizar el fondo del caso, argumentando que el juicio había quedado sin materia por la resolución de otro expediente.
Para el académico, esta decisión evitó que se resolviera la cuestión central: si la prórroga del rector es legal o no conforme a la legislación universitaria.
Ante este escenario, Vela Martínez señaló que existe una vía institucional para resolver la controversia: la interpretación auténtica de la ley universitaria por parte del Congreso del Estado de Veracruz, ya que las normas que rigen a la Universidad Veracruzana fueron expedidas por el Poder Legislativo estatal.
De acuerdo con el planteamiento, el Congreso de Veracruz tiene facultades constitucionales para interpretar la legislación y aclarar si la prórroga del rector está contemplada o no en la ley, lo que permitiría terminar con la incertidumbre jurídica que afecta a académicos, estudiantes y a la propia institución.
El académico subrayó que la autonomía universitaria no significa ausencia de control constitucional, ya que las universidades públicas son instituciones del Estado financiadas con recursos públicos y sujetas al marco legal.
También recordó que existen precedentes en el país donde la justicia federal ha intervenido en conflictos universitarios, como ocurrió en 2021 en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde un amparo obligó a revisar normas internas relacionadas con la participación de académicos en procesos institucionales.
Finalmente, Vela Martínez cuestionó que pese a al menos tres solicitudes formales de académicos, el Congreso de Veracruz no ha ejercido su facultad de interpretación auténtica, lo que —advirtió— prolonga la crisis de legitimidad institucional dentro de la Universidad Veracruzana.
“La autonomía universitaria no puede convertirse en un vacío de legalidad”, señaló el académico, quien insistió en que el Congreso estatal aún está a tiempo de intervenir para aclarar la legalidad del nombramiento del rector y resolver una crisis que continúa creciendo dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz.
