Por Silvia Núñez Hernández
Hay crímenes que no se agotan en el momento del disparo. Se siguen cometiendo después, en cada expediente mal integrado, en cada diligencia que se simula pero no se ejecuta con rigor, en cada línea de investigación que se abandona porque toca intereses incómodos, y en cada decisión que se posterga hasta que el costo político se vuelve insostenible. El asesinato de María Elena Ferral Hernández es exactamente eso: un crimen que no terminó en la calle donde fue atacada, sino que se ha prolongado deliberadamente en el tiempo a través de omisiones, negligencias y decisiones institucionales que, lejos de buscar justicia, han administrado el desgaste.
No basta con recordar el 30 de marzo de 2020 en Papantla. Ese día la atacaron a balazos. Al día siguiente murió. Ese es el dato duro, el que cabe en una ficha informativa. Pero lo verdaderamente revelador no está en esas fechas, sino en lo que vino después: años enteros de simulación institucional donde las advertencias que ella misma dejó —señalamientos directos, nombres, contextos políticos y riesgos evidentes— fueron tratados como si fueran ruido, no evidencia. No se trató de falta de información, sino de falta de voluntad para procesarla.
Y ahora, seis años después, aparece la escena perfecta para la narrativa oficial: se cita a comparecer a Basilio “N”. Todo en orden. Todo “conforme a derecho”. Todo “respetando el debido proceso”. El lenguaje institucional es impecable, casi quirúrgico. Pero el problema nunca ha sido la forma en que lo dicen, sino el momento en que lo hacen. Porque cuando la justicia llega con seis años de retraso, deja de ser justicia y se convierte en control de daños.
Porque la pregunta no es qué está haciendo hoy la Fiscalía General del Estado de Veracruz, sino qué hizo durante seis años completos. O más bien, qué decidió no hacer. Qué diligencias no agotó, qué líneas no profundizó, qué nombres evitó tocar. Y sobre todo, bajo qué criterios decidió que el tiempo podía seguir corriendo sin consecuencias procesales relevantes.
En términos jurídicos, esto no es un asunto menor ni puede maquillarse como simple ineficiencia administrativa. Cuando una autoridad ministerial tiene conocimiento de hechos, de posibles responsables, de contextos de riesgo previamente documentados, y aun así permite que la investigación se diluya, se configura una omisión relevante. Y cuando esa omisión impacta directamente en la posibilidad de identificar y sancionar a los autores intelectuales, entonces el Estado no solo incumple su deber: se convierte en un facilitador de la impunidad. No por acción directa, sino por omisión sistemática.
Y el expediente lo confirma con crudeza. Ahí está el caso de José Luis Hernández Martínez, alias “El Gordillo”, detenido en su momento como presunto implicado… y posteriormente liberado. No porque se hubiera demostrado su inocencia en términos sustantivos, sino por fallas en la integración del caso. Fallas que no son menores: errores en la construcción de la imputación, debilidad probatoria, inconsistencias que cualquier defensa medianamente competente puede explotar. Traducido sin eufemismos: la investigación lo dejó ir.
Mientras tanto, las líneas que apuntaban hacia actores con poder —las mismas que Ferral ya había documentado y señalado en vida, con nombre y contexto— simplemente no avanzaron. No se agotaron. No se judicializaron. Se administraron políticamente. Se archivaron en la práctica. Se dejaron para después, como si el tiempo no tuviera efectos en la memoria, en la prueba, en la posibilidad real de sancionar. Y ese “después” llegó, sí, pero seis años tarde, cuando el daño ya es irreparable.
Pero hay algo todavía más grave, porque el caso no terminó con su muerte. Se trasladó, como suele ocurrir en los casos de violencia contra periodistas, hacia su entorno inmediato. Y ahí el Estado volvió a fallar, pero esta vez sin siquiera intentar disimularlo.
Su hija, Fernanda de Luna Ferral, también periodista, no solo ha tenido que sostener la exigencia de justicia frente a un aparato que responde tarde y mal. Ha tenido que defender, además, su propio derecho a estar protegida. Como si no bastara con haber sido colocada en una situación de riesgo derivada del asesinato de su madre, ahora tiene que enfrentar decisiones institucionales que ponen en entredicho su seguridad.
Lo que resulta inadmisible —jurídica y políticamente— es el intento de intervenir para retirarle o modificarle su esquema de seguridad desde el entorno del gobierno encabezado por Rocío Nahle García. No es un trámite administrativo. No es una facultad discrecional. Es un asunto que está claramente regulado en la Ley General de Víctimas y en los mecanismos de protección a periodistas, con reglas específicas, competencias delimitadas y procedimientos que no pueden ser sustituidos por decisiones políticas.
Moverle la seguridad a una periodista en estas condiciones sin sustento jurídico no es torpeza ni descoordinación institucional. Es revictimización. Es el mismo Estado que no evitó el crimen, ahora colocando en condición de vulnerabilidad a quien ha tenido que asumir el costo de exigir justicia. Es una segunda forma de violencia, esta vez institucionalizada.
Y entonces todo encaja con una claridad incómoda. Un detenido que sale por fallas del propio sistema. Un señalado que es llamado a comparecer seis años después de haber sido mencionado. Una víctima indirecta a la que se le pretende retirar la protección. Y una narrativa oficial que insiste, con disciplina burocrática, en que todo se está haciendo bien.
No. No se está haciendo bien. Se está haciendo tarde. Y en materia de justicia, lo tardío casi siempre es sinónimo de insuficiente.
Línea de tiempo: la justicia que se dejó correr
• 30 de marzo de 2020
Ataque armado contra María Elena Ferral en Papantla, en un contexto previamente advertido por la propia periodista.
• 31 de marzo de 2020
Fallecimiento de la periodista a consecuencia de las heridas, sin que existiera una intervención preventiva eficaz pese a los antecedentes de riesgo.
• 2020 – 2021
Detenciones de presuntos autores materiales. Entre ellos, José Luis Hernández Martínez (“El Gordillo”), posteriormente liberado por deficiencias en la integración del caso.
• 2021 – 2025
Estancamiento en la investigación de autores intelectuales. Las líneas señaladas por la propia Ferral no se consolidan ni se judicializan de forma efectiva.
• 2026
Citatorio a comparecer de Basilio “N”, previamente señalado. La diligencia evidencia la tardanza estructural de la investigación.
• Contexto reciente
Intentos de intervenir en el esquema de seguridad de Fernanda de Luna Ferral, generando un nuevo escenario de vulneración para una víctima indirecta.
Lo verdaderamente grave no es que hoy citen a alguien. Eso debió ocurrir hace años, cuando las condiciones probatorias eran más sólidas y el contexto no estaba erosionado por el tiempo. Lo grave es que durante años no hicieron lo que tenían que hacer, y ahora pretenden presentar como avance lo que en realidad es evidencia de omisión acumulada.
En Veracruz, la justicia no solo llega tarde. Llega después de haber sido administrada, dosificada, contenida. Llega cuando ya no incomoda a quienes debió incomodar desde el inicio.
Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser un expediente mal integrado. El problema es más profundo: es un Estado que, por acción o por omisión, termina garantizando exactamente lo contrario de lo que constitucionalmente está obligado a proteger.
