Incendio en Dos Bocas
Por Cristina Ferreyra
La Refinería Olmeca, emblema energético del proyecto de la llamada “soberanía nacional”, vuelve a colocarse en el centro de una tragedia que ya no admite matices ni discursos de contención. Cinco personas murieron tras un incendio registrado en las inmediaciones del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Entre las víctimas se encuentra una trabajadora de Petróleos Mexicanos.
De acuerdo con la propia información oficial de Pemex, el siniestro se originó por el desbordamiento de aguas aceitosas provocado por las intensas lluvias. El líquido se acumuló fuera de la barda perimetral de la refinería hasta que, en condiciones que aún se investigan, terminó incendiándose. El resultado: muerte, lesiones y una nueva evidencia de fallas estructurales en una obra que fue presentada como insignia de eficiencia.
El discurso institucional intenta acotar el daño: se afirma que el evento está controlado, que no representa riesgo para la población y que se colabora con las autoridades para determinar causas. Sin embargo, la narrativa oficial omite un punto esencial: esta obra fue directamente dirigida por Rocío Nahle García durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. No se trata de una infraestructura heredada ni de un proyecto ajeno. Es una obra concebida, ejecutada y defendida políticamente por el actual grupo en el poder.
Y ahí es donde la tragedia adquiere una dimensión distinta. Porque cuando una obra pública presenta fallas que derivan en pérdida de vidas humanas, la discusión ya no es técnica: es de responsabilidad. Resulta imposible ignorar que el manejo de residuos, escurrimientos y condiciones de seguridad perimetral forman parte de la planeación básica de cualquier instalación de este tipo. Que un desbordamiento de aguas aceitosas termine fuera de control y derive en un incendio letal no es un accidente aislado: es un síntoma.
Pemex ha expresado condolencias y ha ofrecido acompañamiento a las familias de las víctimas. Pero el acompañamiento institucional no sustituye la rendición de cuentas. Tampoco la investigación administrativa puede quedarse en un trámite interno si lo que está en juego es la vida de las personas.
Hoy, frente a cinco muertes, la pregunta es directa y no admite evasivas: ¿quién responde por las condiciones que hicieron posible este desastre?
Y, sobre todo, queda una exigencia pública que no puede diluirse en el discurso político: que esta vez no se intente trasladar la responsabilidad al pasado. No fue Calderón. No fue Peña Nieto. Fue una obra dirigida, ejecutada y defendida en el presente.
Y el presente, cuando hay muertos, obliga a responder.
