AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
Hay documentos que no describen hechos: los fabrican. Y hay personas que no comparecen para decir verdad: acuden a sostener una versión falsa, incluso una calumnia. En ese punto, la frontera entre la irregularidad administrativa y la responsabilidad jurídica deja de ser difusa y se vuelve frontal. Porque quien firma como testigo no es un espectador: es coautor de la narrativa que pretende producir efectos legales.
El problema no es menor. La práctica de integrar actas circunstanciadas con “testigos” en bloque, alineados, que repiten una versión no verificada, revela una forma de operar donde la ética estorba y la legalidad se suplanta. Se construye así un documento que aparenta formalidad, pero que carece de lo esencial: verificación, contradicción y responsabilidad individual. No hay inmediación, no hay control, no hay ratificación. Hay, en cambio, un acuerdo previo de conveniencia.
Y aquí es donde conviene decirlo sin rodeos: el testigo responde por lo que afirma. No responde “el grupo”, no responde “la institución”, no responde “el superior”. Responde la persona que estampó su nombre y validó hechos. Porque la firma en un acta no es un trámite inocuo; es una declaración de hechos con vocación de producir consecuencias. Y esas consecuencias alcanzan a quien declara.
Quienes se prestan a este esquema suelen confiar en dos mitos: el de la impunidad por volumen (“somos varios, no pasa nada”) y el de la irrevisabilidad (“nadie nos va a pedir cuentas”). Ambos son falsos. En cualquier vía formal —laboral, administrativa o penal— los dichos se individualizan y, llegado el momento, se sostienen uno a uno, bajo parámetros de veracidad y con advertencia de responsabilidad. No hay coro que sustituya la responsabilidad personal.
¿Qué ocurre cuando el contenido del acta no puede sostenerse? Ocurre lo previsible en derecho: se cae el valor probatorio. Un testimonio inconsistente, contradictorio o no verificable pierde fuerza, y con él se debilita el documento que pretendía sostener un acto de afectación grave. Y si, además, se acredita que lo asentado no corresponde con la realidad, la discusión deja de ser técnica para convertirse en responsabilidad.
Las consecuencias no son retóricas. En la práctica jurídica actual, quien participa en la construcción de hechos falsos enfrenta un triple frente de riesgo. En la vía penal, las manifestaciones falsas rendidas o utilizadas ante autoridad pueden configurar falsedad en declaraciones o falsedad en informes dados a una autoridad, con sanciones que incluyen multas y penas de prisión, dependiendo de la gravedad y de la forma en que se acrediten. En la vía administrativa y laboral, el servidor público que interviene en estos actos se expone a procedimientos de responsabilidad por falta de probidad, veracidad y lealtad institucional, con consecuencias que pueden ir desde suspensión hasta destitución e inhabilitación. Y en la vía civil, la afectación a la honra y reputación no queda impune: se traduce en acciones por daño moral, con indemnización económica, medidas de reparación y, en su caso, retractación.
No se trata de “asustar”; se trata de recordar lo obvio que muchos prefieren ignorar: la verdad es exigible y la firma compromete. Quien participa en la construcción de una versión que no puede sostener, asume el riesgo de tener que explicarla donde sí se exige coherencia, precisión y evidencia.
En Veracruz —y en México— hay una constante que se repite con puntualidad: la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. Y en estos montajes, quienes terminan pagando las consecuencias no suelen ser quienes diseñan, ordenan o se benefician del esquema, sino quienes se prestan a ejecutarlo. Los subordinados que, en bloque, sostuvieron acusaciones, avalaron versiones falsas y firmaron hechos que no podrán demostrar, son quienes quedan expuestos cuando la narrativa se desmorona.
Porque mientras los que detentan el poder cuentan con recursos, redes y defensa jurídica para intentar sostener la impunidad —o al menos dilatarla—, quienes actuaron como testigos de consigna quedan solos frente a la exigencia legal de sostener lo que firmaron. Y ahí no hay jerarquía que los cubra ni estructura que absorba la responsabilidad: cada firma responde por sí misma.
Y cuando ese momento llegue —cuando tengan que explicar, uno por uno, lo que dijeron y no puedan acreditarlo— veremos si quienes los indujeron a participar en estas falsedades estarán dispuestos a asumir también el costo, o si, como ocurre con frecuencia, los dejarán enfrentar solos las consecuencias. Pago por ver.
