Desde tribuna, legisladora de oposición cuestionó la reforma de austeridad y acusó a Morena de aplicar recortes selectivos mientras persisten crisis ambientales y de seguridad en el país
Por Rebeca Solano
Durante la discusión legislativa sobre la reforma en materia de austeridad y pensiones, una diputada de oposición lanzó fuertes críticas contra Morena, acusando que detrás del discurso de combate a privilegios se esconde incompetencia y selectividad política.
Desde tribuna, la legisladora cuestionó que mientras se impulsa la eliminación o reducción de las llamadas “pensiones doradas”, no se aplique el mismo criterio a todos los exfuncionarios. “O todos coludos o todos rabones”, expresó, al señalar que la medida no incluye a figuras cercanas al oficialismo.
La diputada sostuvo que en el Congreso no se están discutiendo los temas realmente urgentes del país, como los más de 600 kilómetros presuntamente contaminados con petróleo en el Golfo de México, la situación de familias pescadoras afectadas, ni la crisis de violencia y desapariciones.
También afirmó que el gobierno federal utiliza la austeridad como narrativa política, mientras —dijo— persisten privilegios y presuntos actos de corrupción dentro del movimiento gobernante. En su intervención mencionó a personajes como Adán Augusto López Hernández, Andrés Manuel López Obrador y Gerardo Fernández Noroña, cuestionando lo que calificó como un trato desigual frente a la política de recortes.
Asimismo, acusó que tras la eliminación de fideicomisos y otros mecanismos financieros no existe claridad sobre el destino de los recursos, y señaló que el país enfrenta problemas estructurales que no se resolverán con medidas que consideró parciales.
“El problema de este país no son las pensiones de unos cuantos, sino la corrupción, la violencia y la impunidad”, afirmó al cerrar su posicionamiento, insistiendo en que la reforma no atiende las crisis de fondo que enfrenta México.
El debate evidenció nuevamente la polarización en torno al discurso de austeridad, en un contexto donde la oposición acusa inconsistencias y el oficialismo defiende la medida como parte del combate a privilegios en el servicio público.
