Contratistas denuncian presunta red de corrupción en SICT Veracruz y piden auditoría federal
Por Redacción
A través de una carta abierta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), un grupo identificado como “Contratistas Unidos por Amor a México y a Veracruz” denunció la existencia de una presunta red de corrupción al interior del Centro SICT Veracruz.
En el documento, ciudadanos y profesionales del sector de la construcción acusan a funcionarios de alto nivel de operar un esquema de extorsión que exigiría hasta el 25 por ciento de “moche” por contrato, además de cobros del 15 por ciento por factura y hasta el 60 por ciento en conceptos de obra no ejecutados.
Los señalamientos apuntan directamente contra Luis Antonio Posada Flores y Efrén López Blanco, a quienes responsabilizan de encabezar el presunto esquema, así como de retener y desviar recursos correspondientes a la inversión histórica de 20 mil millones de pesos anunciada el 23 de enero de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum para la reconstrucción de Veracruz.
La denuncia también refiere la supuesta emisión de 25 convenios “exprés” entre el 15 y el 30 de diciembre de 2025, que —según los firmantes— carecen de sustento técnico y habrían sido utilizados para facilitar el desvío de recursos antes del cierre del ejercicio fiscal.
Asimismo, se señala un presunto fraude en obras de emergencia en Poza Rica, donde, aseguran, se habría cobrado por la participación de alrededor de 100 empresas, cuando en campo habrían trabajado aproximadamente 20.
Los denunciantes también acusan la existencia de nóminas paralelas, adquisición de bienes como drones 4K y camionetas pick-up modelo 2025/2026, así como el uso de materiales de baja calidad en obras federales, lo que —advierten— pone en riesgo la seguridad de las familias veracruzanas.
En la carta se sostiene que estos hechos podrían constituir violaciones graves a la Ley de Obras Públicas y probables delitos de cohecho, peculado y daño patrimonial.
Entre las exigencias planteadas destacan:
Auditoría inmediata de la ASF a los convenios firmados en diciembre y a los recursos ejercidos en Poza Rica.
Destitución e inhabilitación de los funcionarios señalados.
Investigación de diversos tramos carreteros, entre ellos Tehuacán–Córdoba, Santa Cruz–Tlapacoyan y Minatitlán–Coatzacoalcos.
Revisión del programa “Bachetón” por presunta duplicidad de pagos.
Intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear el destino de los recursos federales.
Hasta el momento, las autoridades señaladas no han emitido un posicionamiento oficial respecto a estas acusaciones.
