Registro de celulares
Por Rebeca Solano
La entrada en vigor de un registro obligatorio de líneas de telefonía móvil vinculado a datos personales y biométricos ha desatado una ola de críticas en redes sociales y entre sectores ciudadanos que advierten riesgos para la privacidad y la protección de datos en México.
De acuerdo con la nueva disposición federal, los usuarios deberán asociar su número celular a documentación oficial, y en ciertos casos proporcionar datos biométricos, con el argumento de fortalecer el combate a delitos como la extorsión y el fraude telefónico. La medida contempla que las líneas que no sean regularizadas dentro del plazo establecido podrían ser suspendidas.
Preocupación por datos biométricos
Las críticas se centran en la recolección y posible centralización de datos biométricos, como reconocimiento facial o huellas, bajo control del Estado. Especialistas y usuarios han expresado inquietud por la capacidad institucional para resguardar esa información frente a ciberataques o filtraciones.
En redes sociales, algunos señalamientos advierten que México no cuenta con una infraestructura sólida de ciberseguridad ni con garantías claras sobre el uso, almacenamiento y protección de estos datos sensibles, lo que podría exponer a la población a riesgos como robo de identidad o fraudes bancarios.
Gobierno defiende medida por seguridad
Desde el ámbito oficial, la medida ha sido presentada como una herramienta para reducir delitos cometidos mediante líneas anónimas, particularmente la extorsión telefónica. El argumento central es que vincular cada número a una identidad verificable permitiría rastrear con mayor eficacia actividades ilícitas.
Sin embargo, críticos sostienen que no existen garantías suficientes sobre el manejo de la base de datos, ni mecanismos claros de supervisión independiente.
Debate sobre derechos digitales
Organizaciones defensoras de derechos digitales han señalado que la obligatoriedad del registro podría vulnerar derechos como la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de comunicación, especialmente si no se establecen controles estrictos y transparencia en su implementación.
El debate se mantiene abierto mientras usuarios analizan alternativas tecnológicas y expresan inconformidad en plataformas digitales. La discusión gira en torno a un punto central: cómo equilibrar la seguridad pública con la protección de derechos fundamentales en la era digital.
