AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
La urgencia de Claudia Sheinbaum Pardo por montar un circo mediático —la mujer tomando el sol— no es un desliz comunicativo ni una anécdota menor, es una operación política deliberada para desplazar la conversación pública de un tema que, por su gravedad, no admite distracciones ni frivolidades: el desastre ambiental que comienza a configurarse en el Golfo de México y cuyo punto de irradiación es la Refinería Dos Bocas, una obra que fue vendida como símbolo de soberanía energética y que hoy empieza a exhibirse como el epicentro de un daño ambiental de gran escala que no puede seguir ocultándose detrás de narrativas superficiales.
Lo que está ocurriendo no puede seguir siendo tratado como una contingencia técnica ni como un episodio menor, porque es la consecuencia directa de una cadena de decisiones públicas que privilegiaron la prisa política sobre la seguridad, la propaganda sobre la técnica y la inauguración sobre el funcionamiento real, construyendo una refinería que ni opera como se prometió ni cumple con estándares mínimos de seguridad ambiental, pero que sí está generando impactos que ya se empiezan a resentir fuera de su perímetro inmediato y que hoy se proyectan hacia un ecosistema mucho más amplio y delicado.
Cuando se advertía que el proyecto político de Morena podía desordenar instituciones o deteriorar equilibrios democráticos, nunca se pensó que el daño alcanzaría esta dimensión, que no solo se limitaría a lo institucional o lo económico, sino que se extendería hacia el sistema ambiental, particularmente hacia el ecosistema marino, porque lo que hoy se empieza a evidenciar ya no es un riesgo potencial, sino una afectación real sobre el Golfo de México, donde pescadores han comenzado a reportar la presencia de peces muertos, la alteración en la calidad del agua, la disminución de capturas y cambios visibles en especies que dependen de condiciones específicas para sobrevivir, sin que exista hasta ahora una cifra oficial, clara y verificable que dimensione el alcance de ese daño, lo cual no es una omisión técnica sino una decisión política de no medir aquello que obligaría a asumir responsabilidades.
Y es precisamente ahí donde el concepto deja de ser incómodo para volverse inevitable: estamos frente a un ecocidio en configuración, no como figura retórica sino como descripción material de un daño grave que ya comienza a manifestarse en el entorno, en la fauna y en el equilibrio ecológico de una región cuya importancia no puede ser reducida a una variable secundaria dentro de un proyecto político.
Porque lo que está en juego no admite simulaciones ni zonas grises, y pretender colocarse en una supuesta neutralidad frente a un daño de esta magnitud no es una postura técnica ni prudente, sino una forma directa de complicidad política frente a un problema que ya dejó de ser hipotético para convertirse en una afectación tangible; en ese contexto, la Refinería Dos Bocas ya no puede seguir siendo presentada como una obra estratégica con fallas menores, sino que debe ser entendida como lo que hoy evidencia ser: un foco de riesgo ambiental que está proyectando sus efectos hacia el Golfo de México, impactando especies marinas, alterando dinámicas ecológicas y comprometiendo el sustento de comunidades pesqueras que dependen directamente de ese equilibrio que ahora está siendo trastocado por decisiones que nunca debieron ejecutarse bajo las condiciones en que se hicieron.
Y frente a ese escenario, insistir en distraer la conversación pública o reducir la gravedad del problema a un manejo discursivo es ignorar deliberadamente que hay fenómenos que no se diluyen por saturación mediática ni se neutralizan con narrativa política, porque el Golfo de México no es una construcción retórica ni un tema de agenda que pueda administrarse desde una conferencia, sino un sistema vivo que hoy está siendo alterado por decisiones humanas plenamente identificables, cuyas consecuencias no distinguen entre discurso oficial y realidad material, ni se ajustan a los tiempos del control político.
De la misma manera, el ecosistema marino no puede seguir siendo tratado como un daño colateral asumible dentro de un proyecto político, porque se trata de una estructura compleja de vida donde convergen cadenas alimenticias, ciclos biológicos y economías locales que dependen de su estabilidad, y cuya alteración no solo implica la pérdida de especies, sino la ruptura de equilibrios que, una vez afectados, no pueden restituirse mediante decretos, comunicados o estrategias de contención mediática.
Por eso, cuando se habla de ecocidio no se está recurriendo a una exageración discursiva ni a una figura retórica, sino a una categoría que describe con precisión un daño grave, extendido y potencialmente irreversible derivado de decisiones públicas que hoy tienen consecuencias visibles en el entorno, en la fauna y en las condiciones mismas del ecosistema, y que obligan a trazar con claridad la línea que conecta la decisión política, la ejecución de la obra y el resultado ambiental que ahora se manifiesta.
Esa línea no es difusa ni requiere interpretaciones forzadas, porque vincula de manera directa nombres, decisiones y consecuencias, permitiendo identificar responsables sin necesidad de especulación ni de construcciones argumentativas complejas.
En este punto ya no hay espacio para evasivas ni para la administración del discurso, porque lo que está ocurriendo no admite matices ni simulaciones: existe una relación directa, verificable y políticamente ineludible entre la decisión de construir la Refinería Dos Bocas, la forma en que se ejecutó ese proyecto y el daño ambiental que hoy comienza a manifestarse en el Golfo de México, una relación que conduce inevitablemente a responsabilidades concretas que tienen nombre y trayectoria, entre ellas la de Rocío Nahle García, quien no solo impulsó y defendió esta obra durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino que hoy pretende minimizar sus consecuencias desde una posición de poder que ya no puede justificarse con narrativa ni con silencios estratégicos.
Frente a ello, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no puede seguir operando bajo la lógica del control mediático mientras el daño avanza, porque lo que corresponde no es distraer ni contener, sino actuar con responsabilidad y ordenar la suspensión de operaciones de una instalación que ha demostrado ser un riesgo ecológico real, someterla a una evaluación ambiental independiente y asumir las consecuencias jurídicas y políticas que de ello deriven, ya que lo contrario no es una omisión menor sino una forma de prolongar un daño que ya no se queda en el terreno del discurso ni en la disputa política, sino que se está instalando en el ecosistema marino, en la muerte de especies, en la alteración de hábitats y en la afectación directa a comunidades que dependen del mar, dejando claro que, esta vez, las consecuencias de las decisiones públicas no se están quedando en el papel ni en la narrativa: se están quedando en el Golfo de México.
