11 de abril de 2026

Presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa

Por Rebeca Solano

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, aseguró que las administradoras sí incrementarán su participación en proyectos de infraestructura, pero no destinarán 30% obligatorio de los recursos ni habrá expropiación de los ahorros de los trabajadores.

En entrevista, subrayó que “el ahorro para el retiro está protegido” y que la nueva ley en la materia no modifica los principios del Sistema de Ahorro para el Retiro ni permite el uso discrecional de los recursos.

“La nueva Ley crea un marco jurídico para que proyectos de infraestructura productiva puedan estructurarse bajo reglas claras”, indicó la asociación en un posicionamiento.

Límite ya existía

Amafore recordó que desde octubre de 2024, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) actualizó el régimen de inversión para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta 30% de los activos, según cada Siefore.

Sin embargo, precisó que ese techo regulatorio ya existía y que la nueva legislación no lo amplía ni lo vuelve obligatorio, sino que opera dentro del mismo marco normativo.

Las inversiones, enfatizó, solo se realizarán cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y superen filtros técnicos y de riesgo, bajo supervisión de la Consar y los comités de inversión de cada Afore.

“El deber fiduciario es indeclinable: proteger los recursos de las y los trabajadores, asegurando seguridad y rentabilidad”, sostuvo el organismo.

Piden garantizar rendimientos

Por separado, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) consideró que no es negativo que las Afores inviertan más en infraestructura, siempre que se garanticen retornos adecuados y no se pongan en riesgo los ahorros para el retiro.

El organismo destacó que la autorización de estos proyectos implica estrictos procesos de revisión y vigilancia, tanto por parte de la autoridad como de representantes del sector obrero.

Con ello, el debate se centra en cómo equilibrar el impulso a la infraestructura nacional sin comprometer la seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones de millones de trabajadores mexicanos.