AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
El problema no comienza en las agencias municipales. Comienza antes, en la visible reducción política de Ricardo Ahued Bardahuil, a quien la zacatecana tiene más ocupado en tareas de administración de presencia, contención discursiva y acompañamiento protocolario que en la función para la que formalmente fue colocado: conducir la política interna del estado. Ahued sí es, oficialmente, el Secretario de Gobierno de Veracruz dentro del gabinete de Rocío Nahle, y la propia normativa estatal ubica a esa dependencia como responsable de coordinar la política interna de la entidad
Ahí está el primer problema de fondo: cuando el responsable de la gobernabilidad termina operando como conserje de Palacio, es decir, como figura de mantenimiento político, de acompañamiento y de administración de daños menores, el estado deja de tener un verdadero operador de conflicto. Y un secretario de Gobierno que no opera el territorio, que no anticipa la inconformidad, que no amarra a los actores locales y que no baja acuerdos antes de que estallen los problemas, deja de ser secretario de Gobierno en sentido material, aunque lo siga siendo en el organigrama. Eso es justamente lo que hoy empieza a exhibirse.
Porque la incapacidad de Ahued no debe medirse por sus declaraciones tersas ni por su reputación de funcionario correcto, sino por un parámetro mucho más áspero: si el territorio está respondiendo al gobierno o si se le está desfondando por abajo. Y cuando hasta la renovación de agentes municipales deriva en protestas, cancelaciones, destrucción de boletas, exclusión de votantes y reclamos de imposición, lo que se observa no es un accidente aislado sino una falla de operación política. Este domingo 12 de abril, por ejemplo, la elección en Chiltoyac, Xalapa, fue suspendida tras inconformidades, rompimiento de boletas y posterior denuncia ante la FGE; además, en Julio Castro hubo ciudadanos que denunciaron no aparecer en el listado nominal.
Y aquí viene lo importante: las agencias municipales no son un adorno rural ni una figura secundaria del municipalismo veracruzano. La Ley Orgánica del Municipio Libre las reconoce como parte de la estructura pública local: los agentes y subagentes municipales son servidores públicos que funcionan en sus respectivas demarcaciones. La propia legislación y las convocatorias aprobadas por el Congreso local muestran que su elección tiene procedimientos específicos, juntas electorales municipales y una lógica territorial independiente, con ejercicio del cargo por periodos determinados.
Traducido al lenguaje del poder real: el agente municipal es el brazo capilar del ayuntamiento y, en términos políticos, una pieza de enlace entre comunidad, presidencia municipal, operadores regionales y, por extensión, el aparato estatal. No es sólo quien da fe de problemas locales o canaliza necesidades comunitarias. Es quien conoce los liderazgos, los agravios, los equilibrios, las lealtades y las fracturas del territorio. Es el punto más cercano entre el poder y la población.
Por eso perder esos espacios no significa únicamente perder un nombramiento comunitario. Significa perder varias cosas a la vez.
1. Se pierde control territorial fino
Los gobiernos no se sostienen sólo con secretarías, conferencias y boletines. Se sostienen con capilaridad territorial, y esa capilaridad descansa en figuras como agentes y subagentes. Ellos funcionan como radar, como canal de gestión y como pieza de contención. Si esos procesos se descomponen, lo que se rompe es la red mínima de intermediación entre poder y comunidad.
Un gobierno fuerte no espera a que la inconformidad llegue al día de la elección. La procesa antes. La negocia antes. La dispersa antes. Si no lo hace, es porque no tiene lectura suficiente del territorio o ya no tiene ascendencia sobre él. Y cualquiera de las dos cosas es gravísima para la Secretaría de Gobierno.
1. Se fractura la cadena de mando política
Formalmente, alguien podría decir que la elección de agentes municipales es competencia de los ayuntamientos. Sí, en el plano jurídico inmediato esa objeción existe. Pero en el plano político real, el secretario de Gobierno no puede lavarse las manos. La Secretaría de Gobierno existe precisamente para que los conflictos locales no escalen hasta convertirse en síntomas estatales.
Cuando los conflictos aparecen en Xalapa, en la propia capital, el problema deja de ser municipal y se convierte en una exhibición del vacío de conducción. Y si además se repiten tensiones en distintas regiones, como ya reportan medios estatales respecto de procesos de agencias municipales y sus inconformidades, entonces lo que emerge no es un caso, sino un patrón de debilidad de operación.
1. Se erosiona la capacidad electoral futura
Las agencias municipales también representan una estructura de movilización y legitimación política. Quien tenga ascendencia sobre esos espacios tiene ojos, oídos y capacidad de convocatoria en congregaciones, rancherías y comunidades. Son nodos de organización. Son pequeños bastiones. Son el músculo periférico del poder.
Por eso, cuando el oficialismo pierde control en esas piezas, no sólo se le enreda un proceso comunitario; se le lastima el andamiaje con el que después pretende operar elecciones mayores, programas, narrativas y disciplina territorial. Lo aparentemente pequeño es, en realidad, la base de lo grande.
1. Se instala la percepción de que el gobierno ya no manda
En política, la percepción de debilidad vale casi tanto como la debilidad misma. Si una comunidad descubre que puede bloquear, impugnar, presionar o reventar un proceso porque no hay autoridad capaz de encauzarlo, otras comunidades toman nota. El mensaje se riega rápido: el gobierno no controla ni sus procesos más elementales.
Y cuando esa percepción se extiende, aparecen dos riesgos inmediatos. Primero, los liderazgos locales se autonomizan y empiezan a negociar por fuera del cauce oficial. Segundo, los adversarios políticos —externos o internos— entienden que hay espacios disponibles para disputar. Así es como se empieza a perder el territorio: no en una gran derrota súbita, sino en una cadena de microfracasos que van vaciando la autoridad.
Entonces, ¿qué incapacidad está mostrando Ahued?
Está mostrando, al menos, cinco incapacidades políticas concretas.
Incapacidad de anticipación
Un secretario de Gobierno competente no llega al conflicto cuando ya rompieron boletas. Llega antes, cuando detecta inconformidades de registro, tensiones de paridad, exclusión de votantes o sospechas de imposición. Lo de Chiltoyac no retrata sólo un estallido comunitario; retrata que nadie amarró el proceso con anticipación suficiente.
Incapacidad de interlocución territorial
Si en comunidades específicas se instala la idea de que hubo cerrazón, dedazo o falta de apertura, entonces falló la interlocución política. No bastó con emitir convocatoria o montar casilla. Faltó hablar con actores, desactivar agravios, legitimar reglas y construir aceptación previa.
Incapacidad de contención
La política interna no se mide cuando todo está tranquilo. Se mide cuando la inconformidad surge. Y si la respuesta institucional termina siendo cancelar, levantar acta y denunciar después, entonces la autoridad no contuvo: administró el fracaso.
Incapacidad de mando sobre el territorio
Ahued proyecta corrección administrativa, pero la Secretaría de Gobierno no está para ser una oficina de urbanidad institucional. Está para ordenar la política interna. Si el territorio no responde, su función central está fallando.
Incapacidad de producir gobernabilidad para Nahle
Y aquí está lo más delicado: el problema ya no es Ahued como persona, sino Ahued como instrumento político de la zacatecana. Si él no está dando el ancho, entonces ella está quedándose sin operador eficaz para sostener el control territorial de su gobierno.
¿Qué repercusiones políticas puede tener esto para la zacatecana?
Para Rocío Nahle, perder estos bastiones o permitir que entren en disputa tiene varias consecuencias.
La primera es una erosión prematura de autoridad. Un gobierno que apenas debería estar consolidando mando no puede darse el lujo de exhibir desorden en el nivel más básico del control comunitario. Eso alimenta la narrativa de que el poder estatal todavía no termina de asentarse o, peor aún, que ya empezó a fragmentarse.
La segunda es el debilitamiento de su red territorial. Si las agencias municipales dejan de orbitar con disciplina alrededor del proyecto gobernante, se abre una zona gris donde pueden crecer cacicazgos locales, resentimientos intraoficialistas, operadores municipales con agenda propia o fuerzas opositoras en miniatura. Y esas grietas luego pesan en 2027.
La tercera es un desgaste de su secretario de Gobierno, que termina impactándola directamente a ella. Porque nadie va a creer que la pérdida de control territorial ocurre al margen de la titular del Ejecutivo. Si su encargado de la política interior fracasa, el costo no se queda en él; sube.
La cuarta es la más peligrosa: la señal de que el gobierno puede estar concentrado en la administración de imagen y en la liturgia del poder, mientras descuida la artesanía de la gobernabilidad. Y los gobiernos que dejan de tejer territorio, aunque todavía conserven aparato, empiezan a vaciarse por dentro.
El fondo verdadero
Lo que representan políticamente las agencias municipales es presencia, enlace, orden, información, movilización y legitimidad microscópica. Son el poder tocando la puerta de la comunidad. Son la expresión más concreta de si el gobierno tiene raíces o sólo tiene edificio.
Por eso el problema no es que una elección de agente municipal se complique. El problema es que esa complicación revele que arriba no hay quien procese, articule y mande. Y si eso le ocurre a Ricardo Ahued en la capital y en un momento en que el gobierno debería consolidar control, entonces sí: no está dando el ancho. No porque alguien lo insulte, sino porque los hechos empiezan a decirlo.
Y cuando un secretario de Gobierno deja de ser operador de gobernabilidad para convertirse en conserje político del Palacio, lo que se descompone no es sólo su imagen: se empieza a descomponer la estructura territorial del régimen.
