AGN Veracruz
Por Silvia Núñez Hernández
No es una decisión aislada, ni un movimiento técnico que pueda explicarse únicamente con el lenguaje cómodo de las tasas, los plazos o la “optimización financiera”; lo que está ocurriendo en Veracruz responde a una lógica mucho más profunda que, vista con detenimiento, revela un patrón de concentración progresiva del control económico del Estado, una especie de reingeniería silenciosa donde los flujos públicos —los más sensibles, los más voluminosos, los más estratégicos— comienzan a alinearse bajo un mismo eje operativo, y eso, aunque se disfrace de eficiencia administrativa, en términos reales implica una reconfiguración del poder, porque el dinero público no solo paga servicios o cubre obligaciones: define relaciones, genera dependencias y establece quién tiene capacidad de incidencia dentro del aparato gubernamental.
Y para entenderlo, hay que empezar por donde muchos decidieron no mirar, que no es la deuda sino la nómina, porque meses atrás la Secretaría de Educación de Veracruz no “sugirió” ni “facilitó” un cambio bancario, sino que desplegó un mecanismo operativo que, en los hechos, funcionó como una imposición estructurada, instalando módulos en sedes previamente determinadas por la propia autoridad, canalizando a los trabajadores hacia esos espacios institucionales y generando una dinámica en la que la supuesta libertad de elección quedó reducida a un margen meramente formal, ya que el proceso no se desarrolló en condiciones de mercado abierto sino dentro de una lógica administrativa cerrada donde el trabajador, más que decidir, cumplía, y ese matiz es fundamental porque, aunque se pretenda minimizar, el salario es un derecho protegido y su forma de dispersión no puede ser intervenida de manera unilateral sin vulnerar principios básicos del derecho laboral y administrativo, siendo además claro que la posibilidad de elegir la institución financiera en la que cada trabajador desea recibir su nómina no es una concesión graciosa de la autoridad, sino una libertad tácita inherente a la relación laboral, de tal forma que nadie, por muy “jefe” que se sienta o por mucho poder administrativo que ostente, puede decidir por el trabajador en qué entidad bancaria debe recibir su salario sin invadir ese ámbito de decisión individual.
Porque aquí conviene decirlo con toda claridad: ningún trabajador está obligado a recibir su salario en una institución bancaria específica, y aunque el gobierno pueda celebrar convenios de dispersión con determinadas entidades financieras, eso no le otorga facultades para inducir, presionar o encauzar de manera forzada la elección individual, de tal forma que cuando se generan condiciones donde el trabajador es llevado a puntos de registro definidos por la autoridad, donde el proceso se centraliza y donde no se garantiza una verdadera alternativa operativa, lo que se configura es una imposición de facto que, aunque no siempre se declare abiertamente, sí vulnera el derecho de libre elección y coloca al acto en una zona jurídicamente cuestionable que no puede normalizarse como simple trámite administrativo.
Ese antecedente no es menor, porque no se quedó en un episodio aislado ni en una decisión operativa sin consecuencias, sino que marcó el inicio de una ruta que hoy se extiende hacia un terreno mucho más delicado: la deuda pública, ya que la gobernadora Rocío Nahle ha informado que la obligación financiera que originalmente se mantenía con BANOBRAS fue reconfigurada para quedar en manos de BBVA, bajo el argumento de haber obtenido mejores condiciones, lo cual, en apariencia, podría interpretarse como una decisión responsable, pero que al analizarse dentro del contexto completo revela algo distinto, porque el problema no radica únicamente en la tasa de interés o en el esquema financiero adoptado, sino en el hecho de que esa operación no ocurre en el vacío, sino dentro de una relación previa donde ese mismo banco ya concentra la nómina de los trabajadores y participa en otros rubros institucionales.
En ese punto, el análisis deja de ser financiero y se vuelve estructural, porque cuando en una misma línea se colocan la dispersión de salarios, la contratación de seguros y ahora la administración de la deuda pública, lo que emerge no es una coincidencia ni una suma de decisiones independientes, sino una concentración progresiva de funciones estratégicas en un solo intermediario, lo que en términos de administración pública configura una posición de centralidad financiera que inevitablemente genera dependencia, ya que el gobierno comienza a operar sus principales flujos a través de una sola vía, reduciendo su margen de maniobra y condicionando, aunque no se admita, su capacidad de negociación futura frente a ese mismo actor.
Desde una perspectiva jurídica y de control del gasto público, esto abre un cuestionamiento que no ha sido respondido con la claridad que exige la magnitud del tema, porque no basta con afirmar que se obtuvieron mejores condiciones, sino que resulta indispensable acreditar que la decisión se tomó bajo criterios de debida diligencia, es decir, mediante un proceso real de comparación de ofertas, análisis de mercado, evaluación de alternativas y justificación técnica integral, elementos que, bajo los principios de transparencia y máxima publicidad, deberían estar plenamente documentados y accesibles, pero que hasta ahora no han sido expuestos de manera suficiente como para permitir una verificación objetiva por parte de la ciudadanía.
A esto se suma un elemento que suele minimizarse en el discurso público, pero que es determinante en términos estructurales: el cambio de naturaleza del acreedor, ya que no es lo mismo mantener una obligación con una banca de desarrollo como BANOBRAS, cuya lógica está vinculada al interés público y al fortalecimiento de las entidades federativas, que trasladar esa misma obligación a una institución privada como BBVA, cuya función legítima es la generación de utilidades, lo que implica que la deuda deja de estar inserta en un esquema de financiamiento público para convertirse en un activo sujeto a dinámicas de rentabilidad corporativa, con todos los efectos que ello conlleva en términos de condiciones, márgenes y estrategias financieras.
Sin embargo, el punto más delicado no está únicamente en el cambio de acreedor ni en la posible mejora de condiciones, sino en la acumulación de control que se va generando, porque cuando un solo banco concentra nómina, seguros y deuda, no solo administra recursos, sino que accede a información financiera sensible, controla flujos constantes y se posiciona como un actor con capacidad de incidencia real dentro del funcionamiento gubernamental, lo que en términos políticos y administrativos rebasa por completo la figura de un simple proveedor de servicios financieros.
Por eso, reducir la discusión a si la tasa bajó o no, resulta no solo insuficiente, sino deliberadamente limitado, porque el verdadero cuestionamiento es si el Estado está cediendo, de manera progresiva, el control de su sistema financiero operativo a un solo actor privado, y si esa concentración ha sido debidamente justificada, transparentada y evaluada en función del interés público, o si, por el contrario, responde a una lógica de conveniencia que no ha sido explicada en su totalidad.
Porque cuando el dinero público comienza a recorrer siempre el mismo canal, cuando las decisiones financieras se alinean sistemáticamente en un solo sentido y cuando los márgenes de elección —tanto del trabajador como del propio Estado— se reducen bajo esquemas operativos que se presentan como inevitables, lo que se construye ya no es un modelo de eficiencia, sino un esquema de concentración que, tarde o temprano, termina generando costos.
Costos que no siempre se ven de inmediato, pero que invariablemente aparecen cuando la dependencia se vuelve estructural y cuando el poder financiero deja de estar distribuido para quedar concentrado en un solo punto, porque en ese momento el dinero deja de ser únicamente un instrumento de gestión pública y se convierte en algo mucho más delicado: en una herramienta de control.
Y eso, cuando no se explica, cuando no se justifica plenamente y cuando se normaliza como si fuera inevitable, deja de ser administración.
Empieza a ser otra cosa.
