Pemex
Por Julio Altamirano
Un total de 40 organizaciones ambientalistas exigieron al Gobierno federal y a Petróleos Mexicanos (PEMEX) hacer públicos cuatro puntos clave tras el derrame originado en un ducto que afectó más de 900 kilómetros del litoral del Golfo de México.
Entre las principales demandas, los activistas solicitaron:
- Informar el volumen total de hidrocarburo derramado.
- Transparentar el costo total de la atención, limpieza, monitoreo y remediación.
Dar a conocer el monto que PEMEX deberá cubrir conforme a su responsabilidad institucional.
Presentar un plan integral de restauración ambiental, con metas claras, tiempos definidos, responsables y mecanismos de seguimiento público.
A través de un comunicado conjunto, las organizaciones señalaron que las autoridades “no pueden dar por cerrado este episodio con tres destituciones, apoyos parciales y un discurso de control”, pues consideran que aún está pendiente conocer la verdad completa sobre el daño, su costo real y la reparación integral a comunidades y ecosistemas.
El posicionamiento surge luego de que el Gobierno federal reconociera que el derrame tuvo su origen en la fuga del ducto Old AK-C, tras detectarse una pérdida de integridad mecánica en infraestructura de PEMEX. Asimismo, se confirmó que la fuga fue inicialmente negada por áreas operativas y que tres funcionarios fueron separados del cargo mientras avanzan las investigaciones.
Sin embargo, las organizaciones sostienen que las medidas administrativas no sustituyen la responsabilidad institucional de la empresa ni la obligación de reparar el daño ambiental.
En el documento advierten que hasta ahora no existe un cálculo confiable del volumen total derramado, lo que impide dimensionar la magnitud del impacto, calcular el costo real de la remediación y establecer una reparación proporcional bajo el principio de “el que contamina paga”.
También cuestionaron la falta de transparencia sobre el costo del despliegue operativo, que incluyó miles de elementos, embarcaciones, aeronaves, barreras de contención, monitoreo, limpieza y disposición final de residuos.
Aunque reconocieron los apoyos económicos anunciados para pescadores y cooperativas, subrayaron que estos recursos no sustituyen la compensación por pérdida de ingresos ni la restauración de ecosistemas afectados, como manglares y arrecifes.
Finalmente, denunciaron que durante semanas las autoridades desacreditaron las alertas emitidas por comunidades y organizaciones civiles, y advirtieron que persiste la dilación en la atención de denuncias ambientales presentadas por pobladores y pueblos indígenas afectados.
(Con información de Al Calor Politico)
