
Hijo del exgobernador Carlos Joaquín, vinculado a red de corrupción y lavado con operador del caso Koldo / Internet
Por Rebeca Solano
Las declaraciones recientes de Gabriel Mendicuti Loría, exsecretario de Gobierno de Quintana Roo durante el mandato de Roberto Borge, han reavivado un escándalo que salpica directamente a Carlos Joaquín Rejón, hijo del exgobernador Carlos Joaquín González, actual embajador de México en Canadá.
En un mensaje difundido en medios locales, Mendicuti acusó a Carlos Joaquín Rejón de ser el eslabón clave en una red de extorsión y pagos ilícitos vinculada al crimen organizado, en estrecha colaboración con Jorge Luis Brizuela Guevara, alias El Venezolano, operador político y socio cercano del hijo del exmandatario.
Vínculos con el escándalo internacional del caso Koldo
Brizuela fue uno de los personajes señalados en el llamado “caso Koldo”, un escándalo de corrupción que estalló en España por el desvío de más de 50 millones de dólares mediante contratos irregulares durante la pandemia de COVID-19. Entre ellos, un contrato de 30 millones de euros para carpas médicas, adjudicado a la empresa Pronalab, propiedad del propio Brizuela.
De acuerdo con documentos de inteligencia, Pronalab habría triangulado recursos entre México, España y República Dominicana, replicando esquemas de sobreprecio y adjudicaciones directas sin licitación.
En México, el patrón se repitió durante el gobierno de Carlos Joaquín en Quintana Roo. A través de una empresa vinculada, V&V, representada por Vanessa Lizeth Vargas Flores —esposa de Brizuela—, se obtuvieron contratos por más de 240 millones de pesos para instalar carpas médicas y proporcionar 10,000 pruebas PCR a turistas en la Riviera Maya.
Estas adjudicaciones, realizadas sin licitación pública, representaron el 27% del presupuesto estatal destinado a la pandemia, pese a que la empresa carecía de solvencia financiera y experiencia comprobable. Las similitudes con el caso Koldo son notorias.
Redes de lavado y protección política
De acuerdo con archivos filtrados por Guacamaya Leaks y reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional y agencias extranjeras, Brizuela está vinculado con redes de lavado de dinero en Cancún, operando rutas desde Belice hasta Puerto Rico, así como con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, conocida por su participación en fraudes bancarios y extorsión a empresarios en la Riviera Maya.
Durante el mandato de Carlos Joaquín (2016–2022), periodo en el que se registraron 3,665 homicidios dolosos, Brizuela gozó de amplio respaldo oficial. En 2022, fue invitado por el propio gobierno estatal a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en España, donde Pronalab tuvo un stand en el pabellón del Caribe mexicano, como parte de la delegación institucional.
Estas acciones, sumadas a la falta de fiscalización sobre los contratos millonarios, refuerzan la sospecha de que Brizuela fue protegido y promovido políticamente por el entonces gobernador.
¿Impunidad diplomática?
Aunque las acusaciones públicas contra Carlos Joaquín Rejón aún no han derivado en procesos judiciales formales, los señalamientos de Mendicuti reabren líneas de investigación congeladas, especialmente las relacionadas con lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico de influencias.
El hecho de que su padre, Carlos Joaquín González, actualmente represente a México como embajador en Canadá, añade un componente diplomático delicado a este caso, especialmente si se confirman vínculos internacionales que involucren recursos públicos desviados.
Por ahora, ni el exgobernador ni su hijo han emitido declaraciones al respecto. Sin embargo, fuentes cercanas a la fiscalía federal aseguran que la magnitud de los contratos, los antecedentes en el extranjero y las conexiones con el crimen organizado podrían derivar en una reapertura de expedientes tanto en México como en España.
