Hernán Bermúdez / Internet
Por Redacción
- Vinculado con red criminal
Durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco, su administración firmó un contrato por casi 2 millones de pesos con el Instituto de Formación Policial de Chiapas para capacitar a 111 policías estatales, justo en el periodo en que esa entidad enfrentaba una creciente presencia de la organización criminal “La Barredora”.
El acuerdo fue firmado en 2021 por la Secretaría de Gobierno de Tabasco, encabezada por José Antonio de la Vega, y el instituto chiapaneco, bajo la dirección de Nicolás de Jesús Trinidad. El titular de la Secretaría de Seguridad en Tabasco en ese momento era Hernán Bermúdez Requena, quien actualmente está prófugo, vinculado con redes del crimen organizado.
El curso se desarrolló entre el 17 de mayo y el 31 de julio de 2021, con un costo unitario de 18 mil pesos por policía, para un total de 1 millón 998 mil pesos, según documentación obtenida por Grupo Reforma a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Capacitación en contexto de violencia y colusión
La formación, con una duración de 486 horas, fue parte del Programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y se impartió de manera mixta: virtual y presencial. Sin embargo, no se especifica cuántas sesiones presenciales se realizaron ni quiénes las impartieron.
El curso ocurrió mientras en Chiapas se denunciaba la operación de “La Barredora”, un grupo criminal documentado en filtraciones de Guacamaya Leaks como activo en la entidad entre 2019 y 2021, durante el gobierno de Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto.
El académico Gerardo Alberto González Figueroa, del Colegio de la Frontera Sur, advirtió que bajo la hipótesis de colusión institucional con el narco, este tipo de cursos “podrían haber servido para mapear lealtades dentro de las fuerzas de seguridad”, identificando “quiénes eran aliados o enemigos del grupo criminal”.
Redes familiares y debilidad institucional
El curso se desarrolló durante la gestión de Escandón Cadenas, entonces esposo de Rosalinda López Hernández, hermana del exgobernador tabasqueño y expresidenta del DIF Chiapas, fallecida en 2024. Rosalinda también fue funcionaria del SAT y legisladora.
La entrega del contrato entre Tabasco y Chiapas revive los cuestionamientos sobre el uso de instituciones de seguridad con fines políticos y criminales. “Mientras no se sanen y fortalezcan las instituciones, la violencia seguirá repitiéndose bajo distintos nombres criminales”, concluyó González Figueroa.
Actualmente, la entidad tabasqueña, gobernada por Carlos Manuel Merino, reporta más de 130 delitos diarios, y Chiapas continúa sumido en una espiral de violencia entre grupos armados y policías estatales sin coordinación ni capacidad operativa efectiva.
