Por Silvia Nuñez Hernández
La reciente detención de Julio César Chávez Jr. en Estados Unidos, y la revelación de que existe desde marzo de 2023 una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y tráfico de armas, emitida por la Fiscalía General de la República, abre interrogantes que no se pueden seguir esquivando. Este caso, lejos de ser un tema judicial aislado, exhibe con crudeza el rostro más perverso del sistema mexicano: simulación institucional, protección a personajes vinculados con redes criminales y una manipulación constante de la legalidad según convenga al poder en turno.
Durante más de un año, Chávez Jr. entró y salió de México sin que nadie lo molestara. Participó en eventos públicos, ingresó a clínicas de rehabilitación, apareció en medios y redes. ¿Cómo es posible que con una orden vigente por delitos federales tan graves nadie lo haya tocado? No lo detuvieron porque no quisieron. O porque no les convenía. Así de claro.
Ahora, tras ser detenido por agentes migratorios en Estados Unidos, las autoridades mexicanas preparan la solicitud de extradición. Pero más que esclarecer la verdad, todo huele a una maniobra política disfrazada de justicia. Porque si bien no se puede asegurar que obtendrá su libertad al llegar a México, conociendo el historial de este gobierno y la forma en que la actual presidenta ha protegido a ciertos personajes vinculados con el crimen organizado, cabe perfectamente esa teoría.
Un expediente con olor a montaje
La orden de aprehensión de marzo de 2023 aparece como una carta bajo la manga, no como resultado de una investigación meticulosa ni de voluntad de justicia. Todo indica que fue activada únicamente para facilitar una detención en suelo estadounidense. ¿Por qué no se ejecutó en México, donde Chávez Jr. estuvo presente en múltiples ocasiones? ¿Qué lo protegía? ¿Quiénes se beneficiaban de su libertad?
Más aún: Julio César Chávez padre ya se encuentra moviendo cielo, mar y tierra para que su hijo salga libre. Es un hombre con influencia política, mediática y popular, y ya ha comenzado a presionar tanto a las autoridades mexicanas como a instancias internacionales. Su objetivo es uno: evitar que su hijo enfrente un proceso real.
La conexión con los Guzmán
Otro dato alarmante ha sido deliberadamente omitido por las autoridades y medios oficialistas: Julio César Chávez Jr. tiene una hija adoptiva con una mujer que fue pareja del hermano fallecido del “Ratón” y se puede considerar que familiar político de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta relación familiar directa con el clan de Sinaloa no es una simple coincidencia sentimental. Se trata de una conexión de sangre con una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.
Esa cercanía explica muchas cosas, sobre todo la impunidad de la que ha gozado Chávez Jr. en los últimos años. ¿Está protegido porque forma parte de una red criminal más grande? ¿Es un eslabón débil que debe mantenerse callado? ¿Conoce secretos que pondrían en jaque a figuras de alto nivel? Las preguntas son más que válidas, y las respuestas, probablemente, ya están negociadas bajo la mesa.
El fracaso de un padre que lo tuvo todo
Julio César Chávez padre es una leyenda viva del boxeo. Pero también es el símbolo de una tragedia personal disfrazada de éxito. Porque no hay peor condena que engendrar hijos que son una decepción humana y moral.Adictos, agresivos, frívolos, con problemas legales y sin rumbo. No se trata solo de errores personales, sino de una profunda falta de formación ética.
Criar hijos sin permitirles conocer el hambre, el esfuerzo, la derrota, el valor del trabajo o la disciplina —elementos que el propio Chávez conoció en carne viva—, ha tenido consecuencias devastadoras. Los valores no se heredan con la fama, ni se compran con dinero. Se inculcan o se pierden. Y en este caso, se perdieron.
Julio César Chávez Jr. no es simplemente un hombre con adicciones. Es el reflejo de una clase protegida, destructiva, ligada a redes criminales y celebrada por su apellido aunque sea un lastre para el país. Y si el sistema lo encubre una vez más, se confirmará que en México no todos son iguales ante la ley.
Porque en el México gobernado por un narcosistema, proteger a los criminales no es solo un acto de complicidad: es una estrategia de supervivencia política. Liberar a Chávez Jr. no sería una aberración aislada, sino una jugada más dentro de un régimen que blinda a quienes forman parte del engranaje del poder, del silencio y del miedo. Aquí no se salva al delincuente: se protege al sistema. Porque si caen ellos, caen también los que han pactado, encubierto y lucrado con su impunidad.
