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Por Rebeca Solano
- La iniciativa busca facultar al Congreso para expedir una ley general que homologue el delito y sus sanciones en todo el país
Con el aval unánime de todas las bancadas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este lunes el dictamen de la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el delito de extorsión, al facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que defina el tipo penal, sus agravantes y sanciones, así como mecanismos de atención a las víctimas.
El dictamen fue aprobado por 37 votos a favor y será turnado sin cambios al pleno de San Lázaro, para su discusión en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.
La propuesta presidencial fue presentada el pasado 10 de julio, y forma parte de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que reconoce a la extorsión como un delito de alto impacto, con repercusiones graves para las víctimas y el Estado mexicano.
En el texto, Sheinbaum argumenta que aunque el delito fue tipificado desde 1984 en el Código Penal Federal, ha evolucionado con las nuevas tecnologías y en estrecha relación con el crimen organizado, por lo que urge una homologación nacional. Actualmente, cada estado define el delito de forma distinta, lo que complica su persecución y sanción efectiva.
Además de la propuesta presidencial, el dictamen también consideró iniciativas presentadas por los diputados Héctor Saúl Téllez (PAN) y Ricardo Monreal Ávila (Morena).
La diputada Clara Cárdenas Galván (Morena) recordó que en el primer trimestre de 2025 se registraron oficialmente 5,887 víctimas de extorsión, lo que representa un aumento del 87% en la última década. A su vez, Rubén Moreira (PRI) destacó que se trata de un delito extendido en todo el país, y urgió a trabajar en una ley secundaria robusta, con participación de fiscales, gobiernos estatales, abogados y legisladores.
El diputado Leonel Godoy (Morena) adelantó que el Congreso deberá analizar qué tipo de carga probatoria se exigirá, ya que se pretende que la extorsión se persiga de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
Según el artículo transitorio del dictamen, el Congreso deberá expedir la ley general en un plazo no mayor a 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma. Mientras tanto, las leyes federales y estatales en la materia seguirán vigentes hasta que se hagan las adecuaciones correspondientes.
