Nuevo proceso de reforma electoral / Internet
Por Rebeca Solano
- Expertos alertan por falta de pluralidad y riesgo de retroceso democrático
El gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum anunció el inicio de un nuevo proceso de reforma electoral, el primero bajo su mandato y el segundo de gran calado en la última década.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez e integrada por seis funcionarios, tendrá la tarea de elaborar un diagnóstico del sistema electoral y de partidos para posteriormente presentar una propuesta legislativa. Entre los temas que analizará se encuentran la posible eliminación de diputados y senadores plurinominales y nuevos mecanismos de participación ciudadana.
El Ejecutivo asegura que la comisión trabajará con legisladores, especialistas y organizaciones, pero académicos advierten que el diseño es unilateral. Para Víctor Alarcón Olguín, experto en partidos políticos, “no hay diálogo ni convocatoria hacia partidos opositores, el INE, el Tribunal Electoral ni la sociedad civil. Es un mecanismo muy acotado”.
José Antonio Carrera Barroso, politólogo, coincide en la falta de garantías reales de inclusión. “Aunque se nos invita a mesas de discusión, eso no significa que seamos escuchados”, señaló, recordando filtraciones y opacidad en procesos anteriores de designación de consejeros.
Varios expresidentes de órganos electorales federales enviaron una carta pidiendo que la reforma se construya mediante un amplio diálogo nacional, con el objetivo de fortalecer la representación plural, la equidad en la contienda y la independencia de las autoridades electorales.
Riesgos señalados
Alarcón advierte que la reforma podría usarse para consolidar el predominio de Morena, retomando propuestas del llamado “Plan A” de Andrés Manuel López Obrador, como desaparecer los órganos electorales locales y concentrar sus funciones en un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. También considera que eliminar legisladores plurinominales sería un grave retroceso democrático al reducir la diversidad de voces en el Congreso.
Carrera respalda esta postura: “Desaparecer los plurinominales sería darnos un balazo en el pie”, dijo, subrayando que estas figuras han permitido a partidos minoritarios acceder al sistema político.
Ambos expertos coinciden en que la reforma debería enfocarse en reducir el financiamiento a partidos, devolver a los estados las atribuciones para organizar elecciones e implementar el voto electrónico, así como replantear el papel de los órganos electorales locales para evitar la centralización excesiva que, según afirman, ha hecho perder experiencias valiosas.
Contexto
La última gran reforma electoral ocurrió en 2014, cuando el INE sustituyó al IFE, se centralizaron funciones y se introdujo la figura de gobiernos de coalición. Sin embargo, especialistas consideran que quedó incompleta, pues no modernizó el modelo de votación ni evitó la captura partidista de los órganos electorales.
Para Carrera, México cuenta con las condiciones sociales, institucionales y tecnológicas para una reforma profunda, pero la clase política carece de voluntad: “Cuando el poder les llega, se olvidan de sus principios”.
Alarcón concluye que “no queda más que esperar para saber si esta reforma es viable, correcta y cumple con los objetivos” de fortalecer la democracia.
