Periodista Anabel Hernández / Internet
Por Rebeca Solano
Aplica Ley de Réplica por primera vez
Un tribunal mexicano ha emitido una sentencia histórica al aplicar por primera vez de manera contundente la Ley de Réplica a un libro, equiparando la responsabilidad de las editoriales con la de los medios periodísticos tradicionales. La decisión obliga a la editorial del libro de la periodista Anabel Hernández a ofrecer disculpas públicas y a pagar una multa significativa, tras la publicación de acusaciones consideradas difamatorias contra las actrices Galilea Montijo, Paty Navidad y Alicia Machado.
La sentencia representa un punto de inflexión en la industria editorial, pues marca el fin de la impunidad ante publicaciones polémicas. Según el tribunal, las editoriales deberán verificar con “mayor rigor” el contenido de sus publicaciones, so pena de enfrentar sanciones económicas severas.
Además, el fallo abre la puerta a demandas internacionales por daño moral. Televisa, que respaldó a las actrices durante el proceso, anunció que prepara acciones legales en México y Londres, sede corporativa de Penguin Random House, en busca de indemnizaciones multimillonarias.
Críticas al método de Anabel Hernández
El veredicto también reavivó el debate sobre el estilo de investigación de Hernández, catalogado por colegas y ahora avalado por un tribunal como “periodismo de ficción” o “periodismo fantasioso”. La condena pone bajo escrutinio la credibilidad de su obra, incluyendo su libro más reciente, “La historia secreta: AMLO y el cártel de Sinaloa”, donde realiza acusaciones similares contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las actrices implicadas se han mantenido firmes en su versión de los hechos, negando categóricamente las acusaciones que el tribunal ha desmentido oficialmente.
La sentencia no solo constituye una victoria para las actrices y Televisa, sino que también envía un mensaje contundente a la industria editorial mundial: la difamación disfrazada de periodismo tendrá cada vez consecuencias legales y reputacionales severas, recordando que el derecho a la información conlleva una gran responsabilidad.
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