Expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez / Internet
Por Rebeca Solano
La expresidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, fue vinculada a proceso junto con exintegrantes de su gabinete y del Cabildo por autorizar al final de su administración la entrega de un bono de subsistencia equivalente a tres meses de sueldo a cerca de 200 trabajadores de confianza, incluidos funcionarios y regidores, por un total aproximado de 25.5 millones de pesos.
La jueza de control consideró que existen elementos suficientes para iniciar proceso penal contra Martínez y su equipo por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como violaciones a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del estado y los municipios.
Entre los vinculados también se encuentran Héctor Ramírez, exoficial mayor; Eduardo Camarena, extesorero; Héctor Luna, exdirector de recursos humanos; las exregidoras Rosa Herrera, Karla Nai y Zarina Jocelyn Calleros; el exregidor Daniel Mendoza; y las actuales regidoras Martha Zepeda del Toro (MC) y Sara Valdovinos (PRI). A estas últimas, al estar en funciones, se les impuso como medida cautelar la separación temporal de su cargo, mientras que todos los implicados seguirán el proceso judicial en libertad durante el plazo de investigación complementaria de tres meses.
La resolución judicial ha generado reacciones políticas, ya que Martínez ha sido crítica de la gobernadora morenista Indira Vizcaíno Silva, aunque fue expulsada de Morena antes de las elecciones y se incorporó a Movimiento Ciudadano, partido con el que buscó una candidatura al Senado.
El excandidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Maynez, acusó que Vizcaíno y la presidenta municipal Rosa María Bayardo estarían acosando a Martínez y Zepeda, comparando la situación con lo ocurrido en Veracruz y Campeche.
Tras la audiencia, Griselda Martínez rechazó los señalamientos y calificó el caso como un ataque político: “No hemos cometido ninguno de los delitos que se nos imputan. Vamos a recurrir a otros instrumentos jurídicos para nuestra defensa”. Además, criticó la actuación de la jueza Brenda Ivonne Zepeda Alcaraz, asegurando que actuó “por consigna”.
Por su parte, la dirigencia estatal del PRI calificó de “desproporcionada e injustificada” la separación de la regidora Sara Valdovinos, argumentando que se violan principios de representación ciudadana y que la política no debe ser utilizada como instrumento de persecución.
