Rubén Rocha Moya
Pot Rebeca Solano
A trece días de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos formales en su contra, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya envió al Congreso de Sinaloa una iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.
La propuesta, fechada el 16 de abril de 2026, plantea eliminar el acceso ciudadano a bitácoras de vuelos oficiales, ampliar los supuestos para negar información sobre investigaciones de corrupción en curso y trasladar las funciones del órgano garante al Poder Ejecutivo.
Organizaciones civiles advirtieron que se trata de un intento de blindaje institucional, especialmente en un contexto en el que el mandatario está bajo la lupa de autoridades estadounidenses.
Puntos que generan alarma
La Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa identificó 20 aspectos preocupantes en el proyecto. Entre los principales:
El gobierno podría negar facturas y recibos del gasto público.
Se ampliarían los argumentos para reservar información, como seguridad nacional o estabilidad financiera.
Se extenderían los plazos de respuesta a solicitudes ciudadanas.
Se eliminaría la obligación de transparentar registros de vuelos oficiales o rentados con recursos públicos.
Actualmente, la ley permite conocer quién viajó, a dónde y con qué recursos en aeronaves oficiales. La iniciativa suprime por completo esos apartados.
Corrupción “acreditada” y no en proceso
Otro cambio relevante es la adición de la palabra “acreditados” en el artículo sobre actos de corrupción. Con ello, solo podrían conocerse casos ya concluidos y probados, dejando fuera investigaciones en curso.
Además, la reforma elimina la obligación de los partidos políticos de publicar contratos, financiamiento, aportantes y estados financieros.
Desaparición del órgano autónomo
El proyecto contempla la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), cuyas funciones pasarían a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, dependiente del Ejecutivo estatal.
Para organizaciones como Iniciativa Sinaloa, esto implicaría que el gobierno sea juez y parte, al administrar recursos públicos y resolver controversias sobre su propia actuación.
En fase de dictaminación
La iniciativa ya tuvo primera lectura y fue turnada a comisiones, pero aún no ha sido votada por el pleno. Permanece en análisis en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Transparencia.
Ante una eventual aprobación, la Red Ciudadana anunció que promoverá amparos, al considerar que la reforma representa un retroceso en el derecho de acceso a la información y el principio de progresividad de los derechos humanos.
