Por Quetzalli Hernandez
- Libertad de expresión en Veracruz: memoria, justicia y una deuda que sigue pendiente
Hablar de libertad de expresión en Veracruz obliga a mirar hacia atrás; antes de hablar de leyes, organismos de protección, conferencias de prensa o acceso a la información, es necesario recordar a quienes ya no están, a los periodistas que fueron asesinados, a los que desaparecieron y a aquellos cuyos casos siguen esperando respuesta.
Porque la historia reciente del periodismo veracruzano también puede contarse a través de las ausencias y a través de las veces que los propios periodistas han tenido que salir a las calles para exigir justicia por sus compañeros.
Durante años, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, locutores y columnistas marcharon en Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, Papantla y otras ciudades del estado, lo hicieron después de cada asesinato, de cada desaparición y de cada agresión que golpeó al gremio; las pancartas cambiaban de nombre, la exigencia era la misma: Justicia.
El año que marcó a la prensa veracruzana y cuando se vivió uno de los capítulos más dolorosos ocurrió en 2011; ese año Veracruz vio cómo la violencia alcanzó la redacción de Notiver, uno de los periódicos más importantes y de mayor circulación en la entidad.
En junio de ese año fueron asesinados el columnista Miguel Ángel López Velasco, conocido como «Milo Vela», y su hijo, el fotógrafo Misael López Solana, así como Agustina Soala, esposa y madre de ambos quienes fueron privados de la vida dentro de su domicilio en el puerto de Veracruz; meses después fue asesinada Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera especializada en información policiaca y colaboradora del mismo medio de comunicación.
Aquellos hechos provocaron indignación nacional e internacional, para muchos periodistas veracruzanos representaron un punto de quiebre, la sensación de que la violencia podía alcanzar a cualquier reportero, incluso a quienes trabajaban para medios consolidados y ampliamente conocidos.
Las protestas y manifestaciones que siguieron marcaron una generación de periodistas que entendió que informar también podía convertirse en una actividad de alto riesgo y aún cuando desde ese entonces Veracruz se convirtió en uno de los estados más riesgosos para ejercer el periodismo, los periodistas siguen informando.
Los nombres quedaron en la memoria y la lista continuó creciendo; en 2012 fue asesinada Regina Martínez, corresponsal de la revista Proceso en Veracruz; su caso se convirtió en uno de los más emblemáticos del país y colocó nuevamente a Veracruz en el centro de las preocupaciones por la seguridad de los periodistas.
Ese mismo año fue asesinado en la capital de Veracruz, Víctor Manuel Báez Chino, reportero especializado en información policiaca y director del portal Reporteros Policiacos; la violencia también alcanzó a Noel López Olguín, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza Delgado, Anabel Flores Salazar, Manuel Torres González, Pedro Tamayo Rosas, Ricardo Monlui Cabrera, Cándido Ríos Vázquez, Gumaro Pérez Aguilando, Leobardo Vázquez Atzin y Jacinto Romero Flores, entre otros comunicadores asesinados en distintas regiones del estado… Cada uno tenía una historia distinta, todos compartían el mismo oficio.
Pero la violencia contra la prensa no pertenece únicamente al pasado, en abril de 2025 fue reportada la desaparición de Miguel Ángel Anaya Castillo, director del portal Pánuco Online, organizaciones de defensa de periodistas documentaron que previamente había denunciado actos de intimidación; hasta la fecha se desconoce su paradero y su caso volvió a recordar que el riesgo para quienes informan no ha desaparecido.
También en 2025 perdió la vida Avisack Douglas Coronado, fotógrafa y comunicadora, durante un ataque armado ocurrido en Juan Rodríguez Clara; las circunstancias de ese hecho y las investigaciones continúan en curso. Sin embargo, su muerte provocó consternación dentro del gremio y volvió a traer a la memoria el tema de la seguridad de quienes trabajan en tareas de comunicación.
El año 2026 inició con un nuevo golpe para la prensa veracruzana, en enero fue asesinado en la zona norte del estado Carlos Castro, joven periodista especializado en temas de seguridad y director del medio digital Código Norte.
La reciente desaparición de la directora de un medio de comunicación en Nanchital, generó preocupación entre el gremio y organizaciones defensoras de la libertad de expresión; en este caso, como en otros, la exigencia sigue siendo la misma: localizarla con vida y esclarecer los hechos.
Es importante destacar que, entre todos los expedientes existe uno que suele mencionarse de manera particular, se trata del asesinato de la periodista María Elena Ferral Fernández, ocurrido en Papantla en marzo de 2020. De acuerdo a investigaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado y a diferencia de otros casos donde las líneas de investigación han sido motivo de controversia, la FGE reconoció públicamente que el homicidio estuvo relacionado con su actividad periodística.
Su asesinato cimbró nuevamente al gremio y recordó que ejercer el periodismo en regiones alejadas de los grandes centros urbanos también puede implicar riesgos extraordinarios.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han advertido que la principal amenaza para la libertad de expresión no es únicamente la violencia contra periodistas, sino la falta de sanción para quienes la cometen; en numerosos casos registrados en Veracruz, las investigaciones permanecen abiertas o han sido cuestionadas por familiares, colegas y organismos defensores de derechos humanos.
A lo largo de los años, Veracruz ha sido señalado en múltiples ocasiones como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo, las estadística así lo refuerzan como lo refuerza las historias de cada uno de los que hoy ya no están, cada silla vacía en una redacción, cada cámara que dejó de tomar fotografías, cada libreta que quedó cerrada y cada familia que sigue esperando justicia.
Por eso, hablar de libertad de expresión en Veracruz no puede limitarse a discursos conmemorativos, implica recordar a quienes fueron asesinados, buscar a los que continúan desaparecidos; implica exigir que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias y también implica reconocer a una generación de periodistas que, una y otra vez, tuvo que dejar de cubrir la noticia para salir a marchar por sus propios compañeros.
Después todo lo mencionado, hoy se puede decir que mientras existan crímenes sin resolver, desapariciones sin esclarecer y familias sin respuestas, la libertad de expresión seguirá teniendo una deuda pendiente en Veracruz y que esa deudatiene nombres que no se deben olvidar: Miguel Ángel López Velasco «Milo Vela», Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez Pérez, Víctor Manuel Báez Chino, Noel López Olguín, Gabriel Huge Córdova, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza Delgado, Anabel Flores Salazar, Manuel Torres González, Pedro Tamayo Rosas, Ricardo Monlui Cabrera, Cándido Ríos Vázquez, Gumaro Pérez Aguilando, Leobardo Vázquez Atzin, Jacinto Romero Flores, María Elena Ferral Fernández, y todos los periodistas desaparecidos cuyos casos siguen esperando verdad y justicia.
