Por Quetzalli Carolina Vázquez / Si Estaban Con El Pendiente
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VERACRUZ (III)
En Veracruz se habla mucho de libertad de expresión, pero se dice poco sobre quién controla las instituciones que dicen protegerla.
La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) es uno de esos casos donde la narrativa institucional y la realidad gremial ya no coinciden.
Nació como respuesta a una crisis de violencia contra la prensa, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un organismo que una parte importante del gremio percibe como una oficina más de comunicación social del gobierno estatal.
Y es que muchos se preguntan: ¿a quién sirve realmente la CEAPP?, porque mientras su discurso oficial insiste en la protección a periodistas, en los hechos se ha consolidado la percepción —cada vez más extendida— de que su integración responde más a equilibrios políticos que a representación gremial.
Y esa no es una acusación, es el resultado de años de nombramientos decididos desde el poder, aprobados en el Congreso, y presentados como autonomía institucional; autonomía en papel, pero dependencia en la práctica.
El Congreso del Estado ha admitido que el modelo debe revisarse, pero en Veracruz, cuando el poder reconoce un problema, casi nunca significa que esté dispuesto a resolverlo; significa, en el mejor de los casos, que el tema será archivado con lenguaje técnico hasta nuevo aviso.
A principios de 2025, la CEAPP cometió un error político que terminó por exhibir su desconexión con el gremio, emitió un exhorto público a periodistas para conducirse con ética en su vida profesional y personal.
En cualquier otro contexto pudo pasar como un pronunciamiento más; en Veracruz fue leído como lo que muchos ya sospechaban: una comisión hablando hacia arriba y protegiendo al gobierno, no a su base.
La reacción fue inmediata; hubo periodistas que plantearon incluso su desaparición, no por capricho, sino por hartazgo, porque el problema de fondo no es desaparecer la CEAPP, es cómo se ha permitido que una institución diseñada para proteger periodistas sea integrada por personas a las que no proponen los propios periodistas sino los políticos en el poder.
La reforma, en teoría, era la salida lógica: abrir la integración, romper el tema de cuotas políticas y permitir que el propio gremio participe en la propuesta y designación de quienes lo representan.
El 27 de enero de 2025, el presidente de la JUCOPO del Congreso del Estado, Esteban Bautista, dijo públicamente lo que el gremio quería escuchar: que fueran los periodistas quienes eligieran a los integrantes de la CEAPP y de esa forma no hubiera inconformidad.
Pero en la política veracruzana hay una regla no escrita: lo que se promete en discurso rara vez sobrevive al trámite legislativo; cuando se le pidió avanzar en una propuesta formal, la respuesta fue la habitual: se analizará, se revisará, se discutirá; traducción práctica: se postergará.
La presidenta de la comisión legislativa en la materia, Bertha Ahued, respaldó la discusión y con eso el expediente quedó completo: voluntad política declarada, reforma inexistente.
Dieciséis meses después, en materia legislativa nada ha ocurrido; lo que sí ocurre es que crece una percepción incómoda dentro del gremio, la de un organismo cada vez más cercano al poder político y más distante de los periodistas.
En ese contexto, el nombre de su actual presidente, Luis Ramírez Baqueiro, ha sido señalado dentro del gremio como una figura alineada al discurso gubernamental; el calificativo de —“vocero no oficial de la gobernadora”— no es lo relevante por su literalidad, sino por lo que revela: su cercanía y protección al poder gubernamental.
Y cuando una institución empieza a ser percibida así, queda claro que ya perdió lo más importante —su credibilidad—
El problema se agrava cuando hay elementos para cuestionar la credibilidad no de uno sino de varios de sus integrantes y es que el secretario ejecutivo de la CEAPP, Tulio Moreno, ha sido señalado públicamente por trabajadores de un medio de comunicación del que es representante legal, por presuntos adeudos laborales.
Eso es una contradicción estructural ¿el órgano encargado de defender derechos de periodistas enfrentando señalamientos por vulneración de derechos laborales en su propio entorno?
Ante eso la respuesta institucional ha sido el silencio, un silencio que no es neutral, es político porque cuando una comisión que exige garantías hacia afuera no aplica el mismo nivel de escrutinio hacia adentro, el mensaje es claro: la exigencia es selectiva.
En abril de este año, la diputada priista Ana Rosa Valdés Salazar volvió a poner el tema en tribuna; lo hizo con una demanda ya conocida, pidiendo que los espacios dentro de la CEAPP dejen de definirse en acuerdos políticos y pasen a una lógica de representación real del gremio.
Otra vez el diagnóstico correcto con desenlace inexistente dónde se reconoce el problema, se promete revisión, se pospone la decisión y la institución continúa intacta, como si nada ocurriera.
Mientras tanto, la CEAPP opera con más de 24 millones de pesos de recursos públicos al año, pero el problema no es el presupuesto, sino el vacío de legitimidad que ese presupuesto sostiene.
Porque una institución puede tener recursos, estructura y organigrama, pero si no tiene confianza del sector que dice representar, entonces, lo que tiene realmente es una fachada institucional.
El 27 de enero de 2025 se abrió la posibilidad de cambiar ese modelo; dieciséis meses después, esa posibilidad sigue congelada y en ese intervalo, la CEAPP no se reformó, no se redefinió y no se reencuentra con el gremio que dice proteger.
Lo que sí se ha consolidado es una distancia cada vez más evidente entre la comisión y los periodistas, entre el discurso y la práctica, entre la protección y la representación.
En Veracruz, la CEAPP sigue existiendo… Pero no en beneficio de los que originaron su creación; la percepción es que se ha convertido en una oficina más de apoyo al ejecutivo, a sus secretarios de despacho, a sus diputados y a los que forman parte del gobierno que en muchos casos son precisamente quienes agreden y agravian al gremio periodistico y a quienes no se les señala ni se les exige.
