Empresas bajo investigación en AICM
Por Rebeca Solano
La estrategia de seguridad implementada por la Secretaría de Marina (Semar) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrenta nuevos cuestionamientos luego de que una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revelara presuntos vínculos entre empresas contratadas para tareas de vigilancia aeroportuaria y personas investigadas por delincuencia organizada.
De acuerdo con la investigación, las empresas SERPROSEP y Armour King obtuvieron contratos por más de mil 194 millones de pesos para prestar servicios de seguridad en las Terminales 1 y 2 del AICM, bajo supervisión de la Semar.
La indagatoria señala que ambas compañías mantienen relaciones corporativas con Jorge Enrique Alberts Ponce, alias “Yoryi”, y Sandalio Alfonso Sainz de la Maza Zúñiga, identificados en investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con tráfico de armas e hidrocarburos.
Según los documentos revisados por MCCI, Alberts Ponce y Sainz de la Maza Zúñiga participaron como accionistas, representantes o integrantes de las estructuras corporativas de las empresas contratadas. En el caso de SERPROSEP, ambos aparecen vinculados mediante actas mercantiles, mientras que en Armour King, Alberts figura como apoderado legal y Sainz como comisario de la sociedad.
La relevancia del caso aumenta debido a que Jorge Enrique Alberts Ponce cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, dentro de una investigación federal relacionada con presuntas operaciones de tráfico de armas e hidrocarburos.
El hallazgo abre interrogantes sobre los mecanismos de revisión y control utilizados para la asignación de contratos en instalaciones estratégicas del Estado mexicano, particularmente en áreas sensibles como la vigilancia aeroportuaria y los puntos de inspección de pasajeros.
La administración del AICM quedó bajo control de la Secretaría de Marina como parte de la estrategia federal para fortalecer la seguridad en infraestructura estratégica y evitar posibles infiltraciones del crimen organizado.
Ante los señalamientos, la Semar informó que, “de ser el caso, se dará vista a los órganos fiscalizadores”, y precisó que esperará una resolución firme de las autoridades competentes antes de fijar una postura definitiva sobre los contratos cuestionados.
Mientras continúan las investigaciones, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio los procesos de contratación pública en áreas estratégicas del Gobierno federal y los mecanismos de supervisión destinados a prevenir posibles vínculos entre proveedores del Estado y personas sujetas a investigaciones por delincuencia organizada.
