Revelan operación inmobiliaria de Delgado
Por Rebeca Solano
Una operación inmobiliaria del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ha generado cuestionamientos luego de revelarse que en enero de 2023 adquirió un terreno de 1,400 metros cuadrados por 600 mil pesos a la empresa Rancho Milio S.A. de C.V., la misma que dos meses después solicitó una prórroga de una concesión federal de 34 mil 367 metros cuadrados de zona marítimo terrestre en Oaxaca.
De acuerdo con la versión pública de su declaración patrimonial presentada el 27 de mayo de 2026, Delgado reportó haber adquirido el predio mediante compraventa al contado el 25 de enero de 2023, identificando como vendedora a la empresa Rancho Milio.
En ese momento, Mario Delgado era dirigente nacional de Morena y María Luisa Albores se desempeñaba como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El 30 de marzo de 2023, poco más de dos meses después de la venta del terreno, Rancho Milio solicitó la prórroga del título de concesión DGZF-662/08, que ampara el uso de 34,367.96 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre en Playa Ventanilla, en Santa María Colotepec, Oaxaca.
La Semarnat otorgó la prórroga el 29 de mayo de 2024, extendiendo la concesión por 15 años adicionales con efectos retroactivos al 24 de septiembre de 2023.
Es importante señalar que el terreno adquirido por Delgado y la zona federal marítimo terrestre corresponden a bienes distintos, ya que la playa es propiedad de la nación y únicamente puede ser concesionada, mientras que el predio adquirido corresponde a una propiedad privada.
Rancho Milio fue constituida en 2002 en Puerto Escondido, Oaxaca, y tiene como objeto social actividades inmobiliarias. Sus socios son integrantes de la familia Milio, mientras que la administración recae en Giuseppe Leonardo Milio, quien figura como administrador único.
La revelación ocurre en medio del análisis del patrimonio del actual titular de la SEP, quien en su declaración patrimonial reportó un patrimonio bruto de 31 millones 734 mil pesos y un patrimonio neto aproximado de 23 millones 674 mil pesos, después de descontar adeudos por más de 8 millones de pesos.
El caso ha generado cuestionamientos sobre la relación entre la operación inmobiliaria y la posterior prórroga de la concesión, aunque hasta el momento no existe una resolución oficial que determine alguna irregularidad en la compraventa o en el otorgamiento de la concesión.
