Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Por Rebeca Solano
Un grupo de 65 jueces y magistrados mexicanos presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la reforma judicial, procedimiento que fue admitido y para el cual el organismo internacional solicitó al Estado mexicano presentar su respuesta en un plazo de cuatro meses.
Los promoventes sostienen que la reforma podría representar una afectación a la independencia judicial y a los principios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al sustituir el modelo de carrera judicial por un esquema de elección popular de jueces, magistrados y ministros.
De acuerdo con los argumentos presentados, la vía internacional fue utilizada luego de que se agotaran los recursos internos disponibles. El caso podría avanzar hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuyas sentencias son obligatorias para los Estados que reconocen su competencia, como México.
El debate de fondo se centra en si los cambios al Poder Judicial respetan los estándares internacionales sobre autonomía judicial, división de poderes y garantías de acceso a una justicia independiente.
El proceso ante instancias interamericanas podría convertirse en uno de los casos más relevantes para evaluar los alcances de la reforma judicial mexicana y su compatibilidad con los compromisos internacionales del Estado mexicano.
