Por Redacción
Padres de familia de diversos CETIS y CBTIS de Veracruz denunciaron irregularidades en la administración de cuotas y aportaciones voluntarias durante el reciente proceso de ingreso de alumnos, además de la imposición de pagos por guías de estudio y exámenes que deberían ser gratuitos.
De acuerdo con los denunciantes, las autoridades de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI), encabezadas en Veracruz por José Alejandro Ponce Martínez, con apoyo del Doctor Rolando de Jesús López Saldaña y la oficina central de la CDMX, instruyeron a directores y Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) a imprimir guías de estudio y exámenes de admisión a cargo de un proveedor particular, cobrando a los padres montos que van de 125 a 200 pesos por guía, sumando más de 10 millones de pesos para los 21 mil alumnos de nuevo ingreso en la entidad.
“Se les obligó a comprar guías que debían ser gratuitas y a pagar la impresión de exámenes, depositando los recursos a cuentas de particulares. Esto afecta directamente a los padres y estudiantes”, señalaron los denunciantes.
Además, los padres denunciaron la existencia de cobros mensuales por zona escolar, argumentando que los fondos servirían para cubrir gastos de la oficina estatal de DGETI, internet y comisiones de personal, que ascienden a más de 70 mil pesos mensuales por zona y son manejados por familiares de funcionarios.
Los padres advierten que las acciones constituyen malversación de fondos y violación a la normativa educativa, ya que la reproducción de materiales oficiales de estudio debe ser realizada exclusivamente por la CONALITEG. Por ello, anunciaron que podrían presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Se trata de un problema que afecta a los 41 CETIS y CBTIS del estado, instituciones que tradicionalmente mantenían altos estándares de transparencia y calidad educativa. Los padres hicieron un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para intervenir y garantizar que se respeten los derechos de los estudiantes y sus familias.
