Abogado y ex trabajador de la Universidad Veracruzana (UV), Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno
Por Julio Altamirano
La denuncia pública presentada por el abogado y ex trabajador de la Universidad Veracruzana (UV), Rodolfo Donaldo Vázquez Moreno, abrió nuevamente el debate sobre la actuación de las autoridades universitarias frente a trabajadores que han promovido quejas laborales, procedimientos administrativos o denuncias ante organismos defensores de derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Vázquez Moreno acusó a autoridades de la Universidad Veracruzana de implementar acciones que, según su versión, tuvieron como objetivo limitar su actividad profesional y obstaculizar la representación jurídica que actualmente brinda a trabajadores universitarios involucrados en diversos procedimientos internos.
El ex analista jurídico de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UV sostuvo que la serie de acontecimientos que derivaron en su despido comenzó después de que presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia a la que acudió para denunciar presuntos actos de hostigamiento laboral.
La denuncia adquiere relevancia porque no se trata únicamente de un conflicto laboral derivado de la rescisión de un contrato. El abogado afirma que, una vez separado de la institución, comenzó a representar a trabajadores universitarios en asuntos relacionados con violencia laboral, violencia de género y presuntas vulneraciones a derechos humanos, situación que, asegura, provocó nuevas acciones en su contra.
Uno de los hechos que más llamó la atención durante su comparecencia ante medios de comunicación fue la acusación relacionada con el uso de mecanismos institucionales para impedirle participar en diligencias donde actuaba como representante legal de trabajadores universitarios.
De acuerdo con su relato, una medida implementada mediante la plataforma denominada “Veracruzana Protegida” fue utilizada para restringir su acceso a una audiencia, impidiéndole ejercer funciones de representación jurídica.
La declaración de Vázquez Moreno ocurre en un contexto donde diversos trabajadores universitarios han recurrido en los últimos años a instancias externas para denunciar situaciones que consideran violatorias de sus derechos laborales o humanos, algunas de ellas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otras ante tribunales competentes.
Aunque cada caso posee características particulares y debe analizarse de manera independiente, las declaraciones del abogado apuntan hacia una preocupación recurrente expresada por diversos integrantes de la comunidad universitaria: la posibilidad de que procedimientos administrativos, mecanismos disciplinarios o estructuras institucionales sean utilizados de manera que generen condiciones adversas para quienes cuestionan decisiones internas o promueven denuncias contra autoridades universitarias.
Vázquez Moreno también rechazó las versiones que lo vinculan con procedimientos por violencia de género y sostuvo que la documentación oficial de su despido no establece esa causal como motivo de rescisión laboral.
El litigante anunció que acudirá a las instancias jurisdiccionales correspondientes para impugnar su separación del cargo y para denunciar lo que considera una serie de actos encaminados a afectar su reputación profesional.
Hasta el momento, las autoridades universitarias señaladas no han emitido una postura pública detallada respecto de los señalamientos realizados durante la conferencia de prensa.
El caso se suma a otros conflictos que han colocado bajo escrutinio la actuación de la administración universitaria y sus mecanismos internos de atención, particularmente en asuntos relacionados con derechos laborales, procedimientos disciplinarios y protección de derechos humanos dentro de la máxima casa de estudios de Veracruz.
