Buscan blindar datos de víctimas
Por Rebeca Solano
Con el objetivo de fortalecer la protección de las mujeres que denuncian violencia, la diputada Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el fin de garantizar la confidencialidad absoluta de sus datos personales durante los procesos legales.
La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis, contempla modificaciones a los artículos 18, 30, 34 Ter y 34 Quáter de dicho ordenamiento.
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es que se reconozca como Violencia Institucional la falta de protección, resguardo, confidencialidad o el uso indebido de información sensible de las víctimas por parte de ministerios públicos, jueces o personal administrativo.
De acuerdo con el proyecto, esta medida busca evitar que datos obtenidos durante denuncias, investigaciones o procedimientos judiciales sean expuestos o filtrados, provocando la revictimización de las mujeres afectadas.
La legisladora advirtió que cuando una víctima acude a las autoridades, entrega información altamente sensible como domicilios, centros de trabajo, datos familiares, antecedentes médicos, información patrimonial y aspectos de su vida privada, cuya divulgación puede ponerla en riesgo.
Asimismo, la iniciativa señala que la filtración de información puede facilitar que los agresores localicen a las víctimas, las intimiden o ejerzan nuevas formas de violencia, además de generar estigmatización social.
Como parte de la reforma, se plantea que las órdenes de protección incluyan medidas específicas para garantizar la seguridad y confidencialidad de los expedientes físicos y electrónicos, convirtiendo la protección de datos personales en una herramienta fundamental para preservar la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes.
La propuesta destaca que la responsabilidad del Estado no solo consiste en investigar y sancionar la violencia, sino también en evitar que las propias instituciones se conviertan en factores de riesgo mediante el manejo inadecuado de la información de las víctimas.
