Por Silvia Núñez Hernández
En Veracruz pareciera que la política de comunicación en materia de seguridad consiste en guardar silencio hasta que los rumores hagan el trabajo que le corresponde al Estado. No importa si se trata de un homicidio, una desaparición, un secuestro o de un caso que mantiene en vilo a toda una sociedad. La constante termina siendo la misma: las autoridades callan, la incertidumbre crece y la información oficial llega cuando el daño ya es irreparable. Mientras tanto, son las redes sociales, los portales digitales y las filtraciones las que terminan marcando la agenda pública.
En las últimas horas, mientras diversos medios locales difundían que presuntamente había sido localizado el cuerpo de la periodista Roxana Guzmán Ramírez durante un operativo en Moloacán y que incluso existía un detenido relacionado con su desaparición, los medios nacionales informaban únicamente sobre cateos y detenciones, sin confirmar el hallazgo del cadáver. Entre una versión y otra quedó atrapada una familia, obligada a vivir la peor de las torturas: no saber si la noticia que circula es verdadera o falsa; ignorar si todavía existe una esperanza o si el desenlace más doloroso está por confirmarse; permanecer pendiente del teléfono, de las redes sociales y de cualquier publicación porque la autoridad, simplemente, decidió no informar.
En ese punto es donde el Gobierno del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado vuelven a fracasar. No porque deban revelar información reservada, sino porque han demostrado una preocupante incapacidad para comunicar con responsabilidad en momentos donde cada minuto de incertidumbre representa una carga emocional insoportable para quienes esperan noticias de un ser querido.
No se trata de revelar datos que comprometan una investigación ni de violentar el debido proceso. Nadie está exigiendo eso. Lo que la sociedad demanda es una comunicación institucional seria, responsable y humana. La reserva de una carpeta de investigación jamás debe convertirse en el refugio perfecto para la negligencia informativa, la improvisación o la falta de sensibilidad. La ley protege determinadas actuaciones ministeriales, pero no autoriza a las instituciones a esconderse detrás del silencio mientras el rumor se convierte en la única fuente de información.
Porque existe una diferencia enorme entre proteger una investigación y abandonar a una familia al tormento de enterarse por redes sociales, portales digitales o cadenas de WhatsApp que quizá encontraron a su hija, a su esposa, a su madre o a su hermana. Ninguna familia merece enterarse de una noticia de esa magnitud a través de una publicación compartida cientos de veces o mediante un mensaje reenviado sin confirmar. Ese no es un procedimiento institucional; es una expresión de abandono por parte del Estado.
Ese vacío informativo tiene responsables. No surge por generación espontánea ni es consecuencia inevitable de una investigación. Se produce cuando quienes tienen el deber legal de informar optan por el silencio absoluto, dejando que terceros ocupen el espacio que constitucionalmente corresponde a la autoridad.
Cuando las autoridades callan, otros hablan. Cuando las autoridades omiten, los rumores ocupan el espacio oficial. Cuando las autoridades deciden esconderse detrás del argumento de la “reserva”, permiten que la especulación revictimice a quienes llevan días, semanas o meses viviendo un infierno. La ausencia de información nunca elimina la incertidumbre; únicamente traslada el control de la narrativa a quienes no tienen obligación alguna de verificar lo que publican.
¿De verdad nadie dentro del Gobierno del Estado entiende el impacto psicológico que provoca una filtración de esta naturaleza? ¿Nadie dimensiona lo que significa para una madre, para unos hijos o para unos hermanos leer que posiblemente fue localizado el cuerpo de su familiar sin que exista una llamada oficial que confirme o desmienta la información? Esa incertidumbre también destruye, también lastima y también deja secuelas.
Si el hallazgo es real, la familia tiene derecho a conocer primero la información mediante los canales institucionales y con el acompañamiento correspondiente. Si el hallazgo es falso, la autoridad tiene la obligación de desmentirlo de inmediato para impedir que el dolor sea utilizado como combustible del morbo. En cualquiera de los dos escenarios existe una obligación institucional de actuar, comunicar y asumir la responsabilidad que corresponde al Estado.
Lo que no puede seguir ocurriendo es que Veracruz se entere de hechos tan delicados mediante “trascendidos”, mientras quienes tienen el deber constitucional de informar optan por esconderse detrás del silencio administrativo. Gobernar también implica comunicar con oportunidad, particularmente cuando existe una crisis que involucra la desaparición de una periodista y mantiene a toda una sociedad pendiente de una respuesta.
No es la primera vez que sucede.
Durante años, la administración estatal ha convertido la opacidad en una forma de gobierno. La información llega tarde, incompleta o simplemente nunca llega. Después aparecen las conferencias de prensa, los boletines cuidadosamente redactados y los discursos donde todo parece encontrarse bajo control, pero para ese momento la incertidumbre ya hizo su trabajo, la desinformación ya recorrió el estado y la confianza ciudadana sufrió un nuevo golpe.
Porque mientras los funcionarios calculan el costo político de emitir un comunicado o deciden qué información les resulta conveniente hacer pública, hay familias que pasan horas interminables preguntándose si la noticia que circula en internet significa el final de toda esperanza. Ningún protocolo administrativo puede justificar semejante indiferencia frente al dolor humano.
Eso también es violencia institucional.
La ausencia de información oficial no protege investigaciones; destruye confianza. No fortalece a las instituciones; las debilita. No genera certidumbre; multiplica el miedo, la desesperación y la percepción de que el gobierno perdió el control de la comunicación pública precisamente cuando más se necesita.
El Estado tiene el monopolio de la investigación, pero no puede pretender tener también el monopolio del silencio. La autoridad no solamente está obligada a investigar los delitos; también tiene el deber de garantizar que las víctimas y sus familias reciban un trato digno, respetuoso y oportuno durante todo el proceso.
Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, a la información oportuna y al trato digno. Ese derecho no desaparece porque una carpeta de investigación tenga carácter reservado. La reserva protege actos de investigación; jamás puede utilizarse para justificar la ausencia absoluta de comunicación institucional.
En un estado donde los periodistas continúan desempeñando su labor en condiciones de riesgo y donde cada desaparición representa una herida abierta para toda la sociedad, la comunicación institucional no puede seguir administrándose con criterios políticos, de conveniencia o de cálculo mediático. El respeto a las víctimas también comienza por informar con responsabilidad.
El silencio también mata. Mata la esperanza de quienes esperan respuestas, mata la confianza en las instituciones y prolonga innecesariamente el sufrimiento de familias que bastante tienen con enfrentar la violencia que les arrebató a uno de los suyos.
Y esa responsabilidad ya no puede seguir ocultándose detrás de la palabra “reserva”.
