Huachicol corrompe la política
Por Rebeca Solano
Las ganancias obtenidas por el robo y contrabando de combustible no solo fortalecen las operaciones del crimen organizado, sino que también son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, de acuerdo con un informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El reporte señala que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa destinan recursos provenientes del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que posteriormente protegen sus intereses, lo que les permite colocar aliados en puestos estratégicos del gobierno y facilitar operaciones de contrabando y lavado de dinero.
El documento describe el esquema conocido como «huachicol fiscal», el cual consiste en importar combustible desde Estados Unidos evadiendo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Para ello, empresas fachada adquieren combustible en Texas y lo introducen a México mediante documentación falsa, declarándolo como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos, presuntamente con apoyo de actos de corrupción en las aduanas.
Una vez en territorio mexicano, el combustible es almacenado en instalaciones controladas por organizaciones criminales y distribuido a través de gasolineras utilizadas como fachada y puntos de venta clandestinos conocidos como «cachimbas».
Según estimaciones citadas por FinCEN, entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México proviene de este mercado ilícito.
El informe también detalla que los grupos criminales utilizan transferencias internacionales, criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos en efectivo para mover recursos hacia proveedores en Estados Unidos, y posteriormente lavan el dinero mediante la compra de inmuebles, vehículos de lujo, joyería y otros activos.
Como parte de las acciones emprendidas en junio de 2026, el gobierno estadounidense sancionó a presuntos operadores financieros vinculados con estas redes, entre ellos Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como supuesto operador financiero del CJNG, así como J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, señaladas por mover millones de dólares mediante operaciones ligadas al ingreso ilegal de combustible a México.
Para FinCEN, el contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles, además de fortalecer redes de corrupción, lavado de dinero e infiltración política en ambos lados de la frontera.
