Curp biométrica / Internet
Por Rebeca Solano
Un juez federal otorgó las primeras suspensiones provisionales que impiden exigir huellas dactilares y fotografías para tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica, parte de la reforma a la Ley General de Población (LGP) publicada el pasado 16 de julio.
La medida responde a los amparos promovidos por Víctor Manuel Carrillo Solís y Alejandro García Lumbreras, quienes cuestionan la constitucionalidad de la reforma. El juez Oswaldo Rivera González, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, señaló que la entrega de datos biométricos es irreversible, por lo que resulta procedente conceder la suspensión mientras se estudia el fondo del caso.
El juez programó una nueva audiencia para el 1 de septiembre, donde definirá si concede suspensiones definitivas a los promoventes, las cuales se mantendrían vigentes durante todo el proceso judicial.
La reforma establece que la CURP con biométricos será un documento de identificación obligatorio y universal, disponible en versión física y digital. Sin embargo, también estipula que la integración de datos personales sensibles deberá contar con el consentimiento expreso del titular, permitiendo que quienes rechacen entregar biométricos sigan utilizando la CURP tradicional.
Pese a ello, especialistas y colectivos de derechos digitales han advertido que la medida podría derivar en una infraestructura de vigilancia masiva, con riesgos de exclusión, discriminación y violaciones a la privacidad, al vincularse con la Plataforma Única de Identidad.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que el trámite será voluntario, destacando su utilidad en tareas como la búsqueda de personas desaparecidas. En la misma línea, Pepe Merino, director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que el sistema operará bajo controles legales y judiciales, garantizando la autorización previa y voluntaria de los ciudadanos.
El Gobierno federal tiene plazo hasta mediados de octubre para habilitar los mecanismos de registro, validación y consulta de datos biométricos en módulos y dependencias públicas.
La decisión final sobre la constitucionalidad de la reforma recaerá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos nuevos ministros asumirán funciones en los próximos meses.
