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Por Rebeca Solano
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de extorsión operada desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en presunta coordinación con organizaciones del crimen organizado como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos.
De acuerdo con una indagatoria revelada por La Silla Rota, la carpeta de investigación FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, abierta por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, apunta a más de veinte exfuncionarios del organismo, entre ellos los extitulares Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.
Sheffield, actual senador por Morena, encabezó Profeco en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras que Aguilar Romero dejó el cargo el 30 de octubre de 2024. Su paradero es desconocido.
Un excolaborador identificado como “Pablo” declaró el 5 de febrero de 2025 ante el Ministerio Público y se convirtió en testigo protegido. Su testimonio detalla que existía una estructura dividida en dos bloques: los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”, que habrían exigido cuotas mensuales a alrededor de seis mil estaciones de servicio en todo el país.
Según su declaración, los empresarios que se negaban a pagar eran intimidados por sicarios o exhibidos públicamente en el programa “Quién es quién en los combustibles”.
“Pablo” también señaló a otros exfuncionarios:
- Sergio Arturo Iturbe, exdirector de la Oficina de Defensa del Consumidor en Guerrero, como presunto operador en coordinación con Guerreros Unidos.
- Ricardo de la Peña Gutiérrez, excoordinador general de Administración, vinculado con el Cártel Santa Rosa de Lima para la logística de cobros.
- Talía del Carmen Vázquez Alatorre, exsubprocuradora de Verificaciones y actual diputada de Morena, quien habría comentado que el CJNG daba protección a cambio de un porcentaje de las cuotas.
De acuerdo con la investigación, tres presuntos emisarios –Arturo N, José de Jesús N, alias “El Pelón”, y Miguel N– cobraban entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales por estación, montos que se registraban en hojas de Excel. Dichos reportes eran compartidos, primero con Sheffield y luego con Aguilar Romero.
El testigo relató incluso una reunión en septiembre de 2023 en un departamento de Sheffield, donde Aguilar Romero habría entregado una tarjeta informativa para distribuir el dinero recaudado, en vísperas de la precampaña del senador en Guanajuato.
La FGR asegura contar con capturas de pantalla de conversaciones entre “Pablo” y Aguilar Romero, donde aparecen listas de gasolineras que habían cumplido con los pagos. Estos documentos fueron integrados junto con un informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC/CONASE/AI/0260/2025).
En otra línea de investigación, un trabajador de una estación en Iztapalapa denunció que un presunto inspector, identificado como Arturo N, le exigió dinero para “evitar más visitas” y lo amenazó con suspender actividades.
Organizaciones empresariales habían denunciado desde años atrás la existencia de este esquema de “vacunas” y represalias administrativas. Aunque en 2022 se registraron algunos ceses de personal, la FGR sostiene que la red continuó operando.
Consultado por La Silla Rota, el senador Ricardo Sheffield negó tener conocimiento de la investigación y aseguró que no ha sido notificado por ninguna autoridad.
La investigación permanece abierta mientras la FGR recaba nuevos testimonios y analiza las pruebas aportadas por el testigo colaborador.
