Por Silvia Núñez Hernández
La Secretaría de Educación de Veracruz lanzó una advertencia que suena tan hipócrita como absurda: sanciones administrativas e incluso penales contra directores y asociaciones de padres de familia que cobren cuotas escolares. Según el subsecretario David Agustín Jiménez Rojas, la gratuidad es intocable y cobrar “hasta tres mil pesos por inscripción” es un abuso que debe castigarse.
Muy bonito el discurso. El problema es que, mientras el Estado se pone la careta de justiciero para criminalizar a directores, mantiene un sistema de corrupción institucional que opera a plena luz del día en sus propias oficinas.
El ejemplo más evidente está en la Delegación Regional de Veracruz, donde quienes realmente dirigen la dependencia son sindicalizados habilitados como encargados de áreas, sin nombramiento oficial ni compensación alguna. En papel, los únicos que cobran son la delegada, su administrador y un puñado de allegados. El resto trabaja en la clandestinidad administrativa, operando y coordinando incluso programas que corresponden a otras dependencias, como la Jurisdicción Sanitaria.
Desde el punto de vista legal, estas irregularidades representan violaciones graves: la delegada incurre en incumplimiento de obligaciones laborales, al permitir que personal desempeñe funciones sin pago ni prestaciones; en violación a la Ley de Responsabilidades Administrativas, al asignar funciones irregulares y permitir el uso indebido de recursos humanos; y en posible abuso de autoridad o daño patrimonial al Estado, al generar un ahorro millonario a costa de la operación de las escuelas. En pocas palabras, mientras se criminaliza a los directores por pedir lo mínimo para mantener escuelas operando, arriba se reproducen actos de corrupción que podrían considerarse delitos.
Ese esquema representa un ahorro millonario*en salarios y compensaciones. ¿Dónde queda ese dinero? No en las escuelas, que siguen abandonadas, sin agua, sin baños dignos, sin recursos para materiales. No en los maestros, que carecen de apoyos. Todo apunta a que ese dinero se convierte en un botín que alimenta la corrupción interna.
Y no nos engañemos: si esto sucede en la Delegación Regional de Veracruz, sucede en todas las delegaciones del estado. Y tampoco hay duda de que se replica en las demás dependencias de la SEV. Hablamos de un saqueo institucional sistemático que se disfraza de “austeridad”.
Mientras arriba se tolera y se normaliza este modus operandi, abajo los supervisores “chillan” que no hay recursos, los comisionados pagan medio sueldo por no presentarse, y los directores junto con padres de familia sacan a flote las escuelas con cuotas que van desde lo mínimo para agua y limpieza hasta lo básico para reparaciones.
Ahí está la verdadera incongruencia: el Estado criminaliza a los directores por pedir lo necesario para mantener las escuelas abiertas, pero es ciego ante el saqueo institucional en sus propias oficinas.
El discurso de la gratuidad suena bien en conferencias de prensa, pero en los hechos la educación pública en Veracruz funciona gracias a la “autogestión forzada” de las comunidades escolares. La SEV prefiere castigar abajo para tapar el saqueo arriba.
Ahora bien, para que la gratuidad fuera real y no demagogia, la SEV tendría que asignar presupuestos claros por matrícula: desde lo básico (agua, luz, limpieza, mantenimiento) hasta lo indispensable para la operación mínima. Según estimaciones conservadoras, cada plantel requiere al menosentre 1,500 y 2,500 pesos por alumno al año. Eso significa que un jardín de niños con 40 alumnos demandaría cerca de 100 mil pesos anuales, mientras que una primaria con 500 alumnos necesitaría un millón de pesos solo para operar en condiciones dignas, y un bachillerato con 1,000 estudiantes requeriría dos millones o más. Si multiplicamos estas cifras por los más de 20 mil planteles de educación básica en Veracruz, hablamos de un presupuesto que la SEV jamás ha transparentado ni destinado, pero que sí exige cubrir “gratis” a costa de los padres de familia.
En Veracruz, la educación pública es “gratuita” solo de nombre: los padres pagan con su dinero, los directores con su libertad y las escuelas con su dignidad. Arriba, los burócratas aplauden su propia austeridad mientras se reparten el botín; abajo, los niños aprenden a sobrevivir en aulas que el Estado nunca se dignó a mantener. Gratis, claro… para los que roban.
