Propiedades
Por Rebeca Solano
El crimen organizado ha incursionado en el despojo de bienes, apropiándose ilegalmente de inmuebles, terrenos agrícolas y predios de alta plusvalía mediante redes que presuntamente operan con la complicidad o negligencia de autoridades locales.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2026 se contabilizaron 15 mil 311 víctimas de despojo en México.
A nivel nacional, organizaciones como México Evalúa estiman que la impunidad en este delito alcanza 96.36 por ciento, lo que dificulta que las víctimas recuperen sus propiedades y que los responsables sean sancionados.
Los señalamientos se concentran en Estado de México, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Colima, donde se han presentado denuncias, quejas y protestas por la presunta participación o permisividad de funcionarios públicos.
En Chihuahua, Chiapas y Michoacán, familias también han denunciado haber sido expulsadas de sus territorios por grupos del crimen organizado que se apoderaron de viviendas, terrenos y parcelas.
Organizaciones civiles y víctimas han identificado un presunto modus operandi basado en la falsificación de documentos y la cooptación de autoridades, que incluye la usurpación de identidades, falsificación de escrituras y alteración de protocolos notariales.
Además, se han denunciado casos en los que el aparato de justicia habría sido utilizado para encarcelar, intimidar o coaccionar a los legítimos propietarios, facilitando el despojo de sus bienes.
