
México atraviesa un proceso inverso: la concentración del poder en una sola fuerza política / Internet
Por Rebeca Solano
A medio siglo de la última gran reforma política impulsada por Jesús Reyes Heroles durante el sexenio de José López Portillo, México atraviesa un proceso inverso: la concentración del poder en una sola fuerza política que busca eliminar contrapesos institucionales y cerrar espacios a la pluralidad democrática.
En su columna en El Financiero, el analista Macario Schettino recordó que en 1975 el PRI dominaba todas las gubernaturas, todas las senadurías y más del 80% de la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por la violencia política, el auge del narcotráfico en Guadalajara y rumores de golpe de Estado.
Ante esa crisis, Reyes Heroles convenció a López Portillo de abrir el sistema político para evitar que la violencia y el crimen organizado hicieran ingobernable al país. De esa decisión derivaron las reformas de 1977, 1990 y 1996, que consolidaron la competencia electoral.
Hoy, asegura Schettino, la historia parece repetirse pero en sentido contrario. El oficialismo se adjudicó ilegalmente más de dos tercios en el Congreso, con el objetivo de desmantelar al Poder Judicial, eliminar órganos autónomos y aprobar una reforma electoral que les asegure el control absoluto.
El columnista advierte que esta concentración de poder, combinada con la falta de recursos públicos, el debilitamiento de la burocracia estatal y el agotamiento del discurso legitimador, deja al gobierno con un solo recurso: la fuerza.
“Ya habíamos dicho que en México no hay un monopolio de la violencia legítima, sino una disputa oligopólica por ella. Al cerrar las puertas a la resolución pacífica de conflictos, incluyendo los políticos, el movimiento en el poder apuesta todo a algo que no controla: la violencia”, escribió.
Schettino concluye que esta ruta erosiona las bases de gobernabilidad construidas en los últimos 50 años y coloca al país frente a una de sus decisiones más riesgosas: apostar al uso de la fuerza en lugar de la institucionalidad democrática.
