4 de septiembre de 2026

Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna

Por Rebeca Solano

El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención urgente con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, por su presunta responsabilidad en delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con información publicada por Milenio, la petición fue presentada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y actualmente se encuentra bajo análisis de las autoridades estadounidenses.

La solicitud fue confirmada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mediante el oficio UDT-06395/2026, obtenido a través de una solicitud de transparencia. La Cancillería indicó que el requerimiento fue presentado con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Este mecanismo permite solicitar la detención provisional y urgente de una persona antes de entregar formalmente toda la documentación necesaria para iniciar un procedimiento de extradición.

Sin embargo, la solicitud no significa que Linda Cristina Pereyra haya sido detenida ni que Estados Unidos haya autorizado su extradición. Por ahora, el requerimiento mexicano continúa en revisión.

El caso está relacionado con las investigaciones financieras en torno a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente recibió una sentencia de 38 años de prisión.

En México, las autoridades investigan presuntas operaciones financieras, empresas y bienes vinculados con el exfuncionario y personas de su entorno. La acusación contra Pereyra está relacionada con presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

La SRE señaló que corresponderá a las autoridades estadounidenses determinar si procede la detención provisional y, posteriormente, el eventual proceso de extradición, conforme al tratado bilateral y los requisitos legales aplicables.