Ernestina Godoy
Por Rebeca Solano
Ernestina Godoy presentó una versión con la que busca acotar el escándalo del huachicol fiscal, al señalar a Manuel y Roberto Farías como presuntos líderes de la red criminal conocida como “Los Primos”.
De acuerdo con Godoy, los hermanos habrían tenido suficiente influencia para ascender y colocar personal dentro de la Secretaría de Marina (SEMAR), además de presuntamente garantizar inspecciones simuladas, muestreos superficiales, aprobación de volúmenes manipulados y liberación de combustible en las aduanas sin una revisión real.
Sin embargo, esta explicación ha generado cuestionamientos, debido a que los Farías no ocupaban cargos de secretarios de Estado ni se encontraban en la cúpula del Gobierno o de la Marina. Aun así, la investigación les atribuye una presunta capacidad para operar movimientos de personal, aduanas y cargamentos de combustible por millones de litros.
En medio del caso también han surgido preguntas sobre Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, cuyos nombres han sido mencionados en señalamientos relacionados con el expediente. La interrogante es si también serán investigados y hasta dónde llegará la indagatoria.
El caso del huachicol fiscal continúa generando dudas sobre el alcance real de la red y los posibles vínculos políticos que pudieran existir detrás de la operación.
Señalamientos alcanzan a Andy y Adán
Los nombres de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, y Adán Augusto López Hernández han sido mencionados en denuncias periodísticas, señalamientos legislativos y expedientes relacionados con el llamado “huachicol fiscal”, donde se investiga una presunta red dedicada al contrabando de combustible.
De acuerdo con versiones difundidas públicamente, testigos protegidos y declaraciones ministeriales habrían mencionado a Andy López Beltrán y Adán Augusto López en investigaciones relacionadas con el desembarque, traslado y presunta protección de cargamentos de combustible.
El caso ha generado especial polémica debido a que la investigación apunta a una red que habría utilizado mecanismos de corrupción y posibles vínculos dentro de instituciones gubernamentales para facilitar el ingreso y distribución de combustible presuntamente introducido de manera ilegal al país.
A estas acusaciones se suman señalamientos sobre exfuncionarios de seguridad de Tabasco, entre ellos Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López. Investigaciones periodísticas lo han relacionado presuntamente con esquemas de protección a grupos dedicados al robo de combustible en la zona de Dos Bocas, aunque tales acusaciones deberán ser acreditadas por las autoridades correspondientes.
Otro elemento que ha incrementado las dudas son los amparos promovidos por personas vinculadas al círculo de los hijos del expresidente López Obrador, interpretados por algunas versiones periodísticas como una medida preventiva ante posibles investigaciones federales.
Mientras la Fiscalía General de la República analiza las distintas líneas del caso, crece la exigencia de que se investiguen todos los nombres mencionados en las carpetas y declaraciones, sin importar su posición política o cercanía con anteriores administraciones.
Hasta ahora, los señalamientos y menciones no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad penal, por lo que corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos suficientes para proceder contra las personas señaladas.
