Por: Blanca Arguelles/En la opinión…
- La falta de perfil del Secretario Rodrigo Calderón y del Sub Secretario Carlos Jinenez Díaz que presume por doquier su Doctorado Honoris Causa, se cree todo un sensei.
La política veracruzana vuelve a entrar en terreno pantanoso. Esta vez, el foco apunta hacia la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA), donde un grupo de trabajadores colocó sobre la mesa una serie de acusaciones que, de comprobarse, podrían convertirse en un problema político y administrativo de mayor calado.
El señalamiento tiene nombre y apellido: Carlos Manuel Jiménez Díaz, subsecretario de la dependencia. En un documento que circula públicamente, donde los inconformes exigen su destitución y lo acusan de presuntamente proteger a personas incorporadas a la nómina sin cumplir con sus funciones.
Pero el asunto no termina ahí.
El parentesco que levantó sospechas…
Uno de los puntos que más llaman la atención es el señalamiento relacionado con Manuel Ulises Jiménez Toledo, identificado en el documento como hijo del subsecretario Carlos Jiménez Díaz, a quien se atribuye un salario de 25 mil pesos mensuales.
También aparece Raúl Heredia Becerra, presentado como subdirector de Sistemas de Producción Regional, con un sueldo señalado de 35 mil pesos mensuales.
El documento agrega un dato que busca poner el reflector sobre un posible conflicto de intereses: afirma que las esposas de ambos serían hermanas.
Aquí es donde la política suele hacer lo que mejor sabe hacer: convertir un dato administrativo en una pregunta incómoda.
Porque tener familiares trabajando en una misma dependencia no constituye por sí mismo una irregularidad. El verdadero asunto sería determinar bajo qué condiciones fueron contratados, qué funciones desempeñan, quién autorizó sus nombramientos y si existe algún impedimento legal o conflicto de interés.
Y esas respuestas, hasta ahora, son precisamente las que hacen falta.
Despidos y una advertencia que preocupa…
Los trabajadores también acusan al subsecretario de haber realizado despidos que consideran injustificados y de no haberles pagado los días que aseguran haber laborado.
Pero quizá el señalamiento más delicado es otro.
El documento afirma que los inconformes habrían recibido amenazas de represalias si acudían a las instalaciones de SEDARPA para manifestarse.
Si esa acusación resulta cierta, ya no estaríamos únicamente ante una disputa laboral o administrativa. Estaríamos hablando de una situación que ameritaría una investigación seria por parte de las autoridades correspondientes.
Porque una cosa es tener diferencias con trabajadores y otra muy distinta sería intentar impedir una protesta mediante intimidaciones.
La pelota está en la cancha de la SEDARPA
Los inconformes solicitan la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García y del titular de SEDARPA, Rodrigo (florero) Calderón Salas.
Y aquí hay un punto fundamental: la respuesta oficial será tan importante como las acusaciones mismas.
Si todo se encuentra en orden, la dependencia tiene la oportunidad de aclararlo con documentos: nóminas, nombramientos, funciones, contratos, horarios y demás información que permita despejar dudas.
Si, por el contrario, existen irregularidades, el momento exige actuar.
La llamada Cuarta Transformación ha hecho de la lucha contra el nepotismo, los privilegios y la corrupción uno de sus principales discursos políticos.
Por eso, cuando aparecen denuncias de esta naturaleza dentro de una dependencia estatal, no basta con guardar silencio.
Que se investigue, pero que se investigue de verdad
El cartel difundido por los trabajadores utiliza términos fuertes: corrupción, nepotismo e impunidad. Son acusaciones graves y, precisamente por eso, no deben convertirse automáticamente en sentencias.
Una columna puede señalar las preguntas. Una denuncia puede exigir respuestas. Pero corresponde a las autoridades investigar y determinar si existe alguna responsabilidad.
Lo que sí resulta difícil de ignorar es que un grupo de trabajadores está haciendo público su descontento y está solicitando directamente la intervención de la gobernadora.
Ahora toca escuchar a la otra parte.
Porque si las acusaciones son falsas, deben aclararse.
Y si son ciertas, alguien tendrá que responder.
En política, como en la administración pública, los silencios también comunican. Y cuando hablamos de dinero público, nóminas y posibles conflictos de interés, lo mínimo que merece la ciudadanía es transparencia.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿qué está ocurriendo realmente dentro de SEDARPA?…
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