Huachicol fisca
Huachicol fiscal
Por Rebeca Solano
Durante décadas, el Fobaproa quedó instalado en la memoria colectiva como uno de los mayores agravios económicos de la historia reciente de México: una crisis financiera que terminó convirtiendo pérdidas privadas en una deuda pública que todavía pesa sobre las finanzas nacionales. Pero hay un fenómeno que amenaza con superar esa dimensión y que resulta mucho más difícil de dimensionar: el huachicol fiscal.
La diferencia es de fondo. El Fobaproa fue un rescate financiero extraordinario, ocurrido tras la crisis de 1994-1995 y posteriormente convertido en deuda pública. El huachicol fiscal, en cambio, opera como un sistema clandestino capaz de generar pérdidas todos los días, mediante contrabando, evasión tributaria y falsificación documental, con una presunta red de complicidades que atraviesa aduanas, empresas y estructuras de poder.
Una deuda registrada frente a un saqueo permanente
El costo inicial de las operaciones del Fobaproa se calculó en cientos de miles de millones de pesos, cifra que creció con los años por intereses y obligaciones acumuladas. Fue una decisión institucional: el Estado intervino para evitar el colapso del sistema financiero. Pero esa deuda quedó registrada, presupuestada y contabilizada.
El huachicol fiscal no tiene una deuda única que pueda seguirse año con año, sino un flujo permanente de dinero que debería llegar al Estado y que, mediante esquemas de contrabando y evasión, termina fuera de las arcas públicas.
No es solo gasolina: es capacidad fiscal robada
El esquema consiste, entre otras modalidades, en introducir combustibles al país mediante documentación que los presenta como aceites, lubricantes o aditivos, para evadir impuestos. La mercancía entra, se comercializa, y el Estado deja de recibir lo que legalmente le corresponde. Cada peso que no entra al erario es un peso menos para carreteras, hospitales, escuelas, seguridad e infraestructura.
El tamaño real, todavía una incógnita
México no tiene una cifra definitiva sobre el daño. Las estimaciones disponibles lo colocan entre decenas y cientos de miles de millones de pesos anuales: hay cálculos de 177 mil millones de pesos anuales y de 600 mil millones acumulados hasta 2024, mientras otras proyecciones elevan considerablemente la cifra.
Actores distintos, riesgo institucional mayor
En el rescate bancario de los noventa participaron instituciones financieras y autoridades dentro de un proceso institucional. El huachicol fiscal, en cambio, apunta a posibles redes donde confluirían contrabandistas, empresarios, intermediarios, operadores aduanales y funcionarios, cuya participación deberán determinar las investigaciones y procesos judiciales.
Menos deuda visible, más recaudación perdida
A diferencia del Fobaproa, que se tradujo en una obligación financiera pagable, el huachicol fiscal reduce la capacidad del gobierno para recaudar hoy: menos recaudación implica menos margen fiscal, mayor presión sobre otras fuentes de ingreso y, eventualmente, más deuda o menores recursos para inversión pública.
Un problema que ya no es solo económico
Mover cantidades extraordinarias de combustible requiere rutas, logística, documentación, almacenamiento y acceso a mercados, es decir, infraestructura. Cuando esa infraestructura consigue penetrar los mecanismos de control del Estado, el problema deja de ser solo económico y se convierte en un asunto de seguridad nacional, corrupción y gobernanza.
El texto concluye que, si las investigaciones confirman las estimaciones más altas, el huachicol fiscal podría pasar a la historia no solo como un caso más de corrupción, sino como uno de los mayores mecanismos de extracción ilegal de recursos públicos en la historia reciente del pfiscal
