Huachicol
Por Rebeca Solano
El mayor caso de huachicol fiscal mediante buques investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) está en riesgo de caerse debido a un conflicto administrativo relacionado con las facultades del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
A siete años de los hechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervino en el caso luego de que un tribunal determinó que la ANAM, creada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y no el SAT, era la dependencia que debía presentar la denuncia penal contra quienes presuntamente importaron ilegalmente diésel por el puerto de Tuxpan, Veracruz.
De acuerdo con sentencias judiciales consultadas por REFORMA, la red habría operado entre octubre y diciembre de 2019, periodo en el que ingresaron al país al menos 89 millones de litros de diésel, generando un presunto daño fiscal de 593 millones de pesos por impuestos no pagados.
En las investigaciones aparecen la empresa de logística naviera Navecopa, las compañías de hidrocarburos Dersa Oil & Gas e Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu), así como la agente aduanal Patricia Guerra Miranda.
Cuatro personas fueron vinculadas a proceso por contrabando, pero posteriormente los autos de vinculación fueron revocados por un tribunal colegiado de apelación en Veracruz.
El conflicto surgió debido a la creación de la ANAM por decreto presidencial, mientras que el Congreso no habría reformado de manera paralela la Ley del SAT. Por ello, en el papel, el SAT mantiene facultades relacionadas con la denuncia de delitos en materia aduanera, aunque esas funciones fueron asignadas por el Ejecutivo a la ANAM.
Ante esta controversia, la Suprema Corte atrajo el caso para definir qué dependencia tenía facultades para presentar la denuncia penal.
El fallo podría ser determinante para el proceso, pues si la Corte determina que el SAT no era la autoridad competente, los acusados podrían quedar absueltos.
Una investigación millonaria
La FGR abrió las carpetas de investigación en 2020, pero los casos fueron judicializados hasta 2023 y 2024.
Además, la Fiscalía únicamente acusó por una modalidad de contrabando que no amerita prisión preventiva oficiosa, sin imputar delitos como delincuencia organizada u otras conductas consideradas graves.
El monto involucrado convierte al caso de Tuxpan en uno de los expedientes de huachicol fiscal de mayor impacto conocidos hasta ahora. Los 593 millones de pesos de presunto daño fiscal superan los montos atribuidos a otros casos relevantes de contrabando de combustibles.
Los tres cargamentos
En el buque Akeraios ingresaron 28.7 millones de litros de diésel, pero solamente fueron declarados 2.8 millones de litros, lo que habría provocado un daño fiscal de 205.3 millones de pesos.
Por este cargamento fueron acusados Adrián Esteban Hernández Cristóbal, apoderado legal de Navecopa, y Mario Guijarro Tamayo, administrador de Dersa Oil & Gas.
En el buque Atlantic Bay arribaron otros 28.7 millones de litros, aunque únicamente se reconocieron 7.1 millones, con una omisión de impuestos estimada en 173 millones de pesos.
Por este cargamento fue imputado Edgar Marín Meza, presidente de Iprosu.
Un tercer buque, cuyo nombre aparece censurado en la sentencia consultada por REFORMA, habría introducido 31.8 millones de litros de diésel, pero sólo fueron declarados 4.7 millones.
El presunto daño fiscal en este último caso fue calculado en 215 millones de pesos, y la agente aduanal Patricia Guerra Miranda fue imputada por este cargamento. Al igual que Navecopa, habría participado en al menos dos de las operaciones.
Navecopa fungía como consignataria de los buques, encargándose de los trámites relacionados con su llegada, permanencia y salida del puerto de Tuxpan.
Ahora, el futuro del proceso dependerá de la resolución de la Suprema Corte, que deberá determinar si las facultades para denunciar penalmente estos hechos correspondían al SAT o a la ANAM.
