Por Silvia Núñez Hernández
Mari Astrid Rojas Martínez deja la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, en el puerto removida por el titular de la coordinación de delegaciones y obviamente por la nueva titular de la SEV; y se va con una despedida digna de estampita: agradecimientos a Dios, bendiciones infinitas, corazones rosas, amistad eterna, cariño, confianza, amor por la educación y una autocomplacencia que, de no conocerse lo que durante su gestión ocurrió puertas adentro, hasta podría conmover. El mensaje de texto que hizo llegar por WhatsApp a sus compañeros no parece escrito por quien deja una oficina marcada por confrontaciones laborales, señalamientos ante órganos de control y trabajadores que terminaron llevando sus diferencias con la SEV hasta los tribunales; parece, más bien, la despedida de quien está convencida de haber administrado una pequeña sucursal del paraíso. Y precisamente por eso vale la pena leerla, no para discutir sus bendiciones ni su derecho a despedirse con cuanto corazón rosa encuentre en el teléfono, sino porque cada una de las virtudes que Rojas Martínez se atribuye permite confrontar el relato que pretende dejar como memoria de su gestión con la realidad que describen trabajadores de la Delegación Regional, particularmente quienes sostienen que durante ese periodo se violentaron sus derechos laborales y escalafonarios.
“Entregué lo mejor de mí, trabajando siempre con compromiso, responsabilidad y amor por la Educación”, escribió. Si aquello fue lo mejor, la pregunta resulta inevitable: ¿qué habría ocurrido si un día decidía no esforzarse tanto? Porque la Delegación que dejó Rojas Martínez dista bastante de esa comunidad fraterna que reconstruye retrospectivamente en WhatsApp. Los trabajadores inconformes describen una oficina atravesada por pugnas internas, grupos enfrentados, luchas de poder y una disputa cada vez más áspera por las plazas administrativas que quedan disponibles cuando quienes las ocupan alcanzan la jubilación. Lo que debió ser conducción institucional terminó convertido, de acuerdo con esos señalamientos, en un espacio donde las diferencias se profundizaron hasta romper relaciones entre compañeros y donde la autoridad, lejos de funcionar como factor de equilibrio, terminó siendo señalada como parte del conflicto. Una gestión que ahora se despide invocando compromiso, responsabilidad y amor por la educación dejó, en la versión de quienes la cuestionan, algo mucho menos romántico: trabajadores confrontados, derechos laborales en disputa y una institución obligada a defender ante otras instancias decisiones tomadas durante ese periodo.
Pero Rojas Martínez no se conformó con hablar de compromiso y responsabilidad. Más adelante decidió dejar para la posteridad una frase todavía más ambiciosa: “Juntos logramos transformar nuestra Delegación. La hicimos más cercana, más humana, más unida”. Uno quisiera saber exactamente a cuál Delegación se refiere, porque en la Delegación Regional de Veracruz que describen trabajadores adscritos a ella, la palabra “unidad” tendría que utilizarse con bastante imaginación. El saldo que ellos narran es precisamente el contrario: división, confrontación, lucha por espacios, deterioro de las relaciones laborales y una violencia institucional que algunos trabajadores consideraron suficientemente grave como para llevar sus reclamos fuera de las paredes de la propia Secretaría. Las inconformidades no terminaron en una discusión junto a la cafetera ni en el clásico pleito burocrático que se olvida al terminar la quincena: derivaron en quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señalamientos ante el Órgano Interno de Control y controversias laborales promovidas contra la Secretaría de Educación de Veracruz. Ésa es, sin duda, una manera bastante peculiar de presumir que se dejó una Delegación “más cercana, más humana y más unida”.
Pero el problema de fondo tampoco está en determinar si Mari Astrid era amable o antipática, si saludaba por las mañanas o si sus compañeros conservarán para siempre la amistad que tanto celebra en su despedida. Reducir el asunto a su personalidad sería incluso hacerle un favor, porque lo verdaderamente importante está en la administración de las plazas del personal de apoyo y asistencia a la educación, particularmente aquellas que quedan vacantes con las jubilaciones y que, lejos de ser patrimonio de una delegada, de un dirigente sindical o de cualquier grupo enquistado dentro de la burocracia educativa, forman parte de una estructura pública cuya asignación debe sujetarse a las disposiciones laborales y escalafonarias aplicables. Precisamente alrededor de esas plazas se concentra una de las acusaciones más delicadas formuladas por trabajadores, quienes sostienen que desde la Delegación y con la intervención de personajes vinculados al SNTE se pretendió mantener control sobre determinadas vacantes administrativas, pasando por encima de empleados que reclaman mejores derechos derivados de sus años de servicio. Sus señalamientos van todavía más lejos: denuncian que alrededor de algunas plazas se habrían construido mecanismos de negociación de los que determinados actores obtendrían beneficios económicos para posteriormente repartirse las posiciones disponibles como si se tratara de un botín y no de espacios laborales pertenecientes a una institución pública.
La acusación es gravísima precisamente porque una plaza pública no es una mercancía, una concesión sindical, un premio para los amigos ni una ficha para negociar lealtades, y mucho menos puede convertirse en fuente privada de ganancias para quienes eventualmente tengan capacidad de influir en su asignación. Si trabajadores están señalando que las jubilaciones de sus compañeros terminan abriendo una especie de temporada de caza sobre las vacantes, la obligación institucional no consiste en mirar hacia otro lado hasta que cambie el delegado y después fingir que con el relevo comienza una historia nueva, sino en reconstruir cada movimiento y explicar por qué una persona obtuvo una plaza mientras otra, con mayor antigüedad, sostiene que fue desplazada. Porque si la asignación de una plaza depende más de quién controla políticamente el espacio, de quién tiene interlocución con el sindicato o de quién puede conseguir una recomendación que de los derechos laborales de quienes llevan años prestando sus servicios, entonces el problema ya no es una mala relación entre compañeros: es la perversión misma de las reglas que deberían ordenar el servicio público.
Aquí aparece el concepto que destruye buena parte de la poesía del mensaje de despedida: el escalafón, porque los años de servicio no son una expresión romántica para colocar en un reconocimiento cuando alguien se jubila ni una cifra decorativa en el expediente personal del trabajador. Producen consecuencias dentro del régimen laboral aplicable y constituyen uno de los elementos que los propios trabajadores invocan cuando reclaman oportunidades de ascenso o movimientos que consideran correspondientes a sus derechos. Precisamente por considerar que ese orden fue violentado, trabajadores terminaron promoviendo controversias laborales contra la propia SEV, y eso tiene una dimensión política y administrativa que Rojas Martínez convenientemente omite cuando escribe su autobiografía laboral en WhatsApp. Cuando la actuación de una oficina pública termina provocando que sus propios trabajadores lleven a la Secretaría de Educación ante la instancia jurisdiccional laboral para reclamar el respeto a sus años de servicio y a sus derechos escalafonarios, resulta cuando menos atrevido describir el periodo como una etapa de unidad, humanidad y trabajo en equipo. La unidad institucional no consiste en que todos obedezcan al grupo que controla una oficina; consiste precisamente en que las reglas sean suficientemente claras para que ningún trabajador necesite pertenecer a una camarilla administrativa o sindical para hacer valer un derecho.
Más interesante todavía resulta otra afirmación de Rojas Martínez: “Esta decisión corresponde a la Administración actual y no obedece a los resultados de una servidora ni a mi desempeño al frente de la Delegación”. La frase merece enmarcarse, no porque sepamos que su relevo obedeció a su desempeño —eso tendría que explicarlo quien tomó la decisión—, sino por la extraordinaria facilidad con la que la propia exdelegada se deslinda preventivamente de esa posibilidad. Antes de que alguien preguntara, ella misma expidió su absolución: su salida, nos informa, no tiene relación alguna con sus resultados. Qué práctico sería el servicio público si todos pudiéramos evaluarnos de esa manera: se termina el encargo, se redacta un WhatsApp, se certifica uno mismo como funcionario responsable, humano, comprometido y exitoso, se agregan tres corazones, dos bendiciones y asunto concluido. Sólo que la función pública no funciona así, o al menos no debería, porque el desempeño de quien ocupa una responsabilidad pública no se mide por la opinión que esa persona tenga de sí misma, sino por los actos realizados durante su encargo, por las decisiones que tomó o permitió, por los conflictos que fue capaz de resolver o que contribuyó a profundizar y, especialmente, por el respeto que su actuación guardó frente a los derechos de las personas sujetas a esas decisiones.
Por eso las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los señalamientos llevados ante el Órgano Interno de Control adquieren especial relevancia frente al discurso de despedida, no porque su sola presentación convierta automáticamente en responsable a Rojas Martínez —ninguna columna seria necesita inventar una sentencia que todavía corresponde a las autoridades—, sino porque documentan algo que el WhatsApp pretende borrar de un plumazo: trabajadores consideraron que lo sucedido fue suficientemente grave para abandonar la vía interna y acudir a instancias externas en busca de protección e investigación. Y exactamente lo mismo ocurre con las demandas laborales, que no constituyen un adorno retórico para atacar a una exdelegada, sino la consecuencia jurídica de un conflicto que la administración no consiguió resolver antes de que terminara judicializado. Si trabajadores sostienen ante una instancia laboral que la SEV vulneró su escalafón y desconoció los derechos que derivan de sus años de servicio, entonces el problema ya no puede reducirse a quién simpatizaba o no con Mari Astrid Rojas Martínez: estamos hablando de actos atribuidos a una institución pública cuyas consecuencias, paradójicamente, permanecerán mucho después de que la exdelegada recoja sus cosas y abandone la oficina.
Ahí está también la enorme irresponsabilidad institucional que suele acompañar estas historias: el funcionario se va y la dependencia se queda con el pleito. La persona que tomó, promovió, gestionó o permitió una decisión termina su encargo, recibe abrazos, agradece la amistad de sus compañeros y continúa su camino; mientras tanto, la SEV conserva las demandas, destina personal jurídico para defenderse, enfrenta procedimientos, responde requerimientos y eventualmente carga con las consecuencias económicas de actos cuya legalidad está siendo controvertida. Y todo eso lo paga la institución, es decir, lo paga el erario. El cambio de funcionario podrá resolver el problema político de quién ocupa una oficina, pero no extingue derechos laborales, no archiva demandas, no hace desaparecer quejas ante organismos de derechos humanos y tampoco convierte automáticamente en legales los actos que están siendo cuestionados.
Por eso sería un error que el relevo de Mari Astrid Rojas Martínez significara únicamente cambiar el nombre colocado en la puerta. La Secretaría tendría que revisar qué ocurrió con las plazas administrativas durante su gestión, particularmente las derivadas de jubilaciones; reconstruir los movimientos cuestionados; verificar qué trabajador tenía qué antigüedad; determinar qué reglas escalafonarias resultaban aplicables; identificar quién propuso cada movimiento, quién lo gestionó, quién lo autorizó y cuál fue la participación que los denunciantes atribuyen a representantes sindicales. Y frente a los señalamientos sobre una posible comercialización de plazas, la revisión tendría que ser todavía más escrupulosa, porque si una plaza administrativa pudo convertirse en objeto de negociación económica, no estaríamos ante una simple disputa laboral entre empleados inconformes, sino frente a una acusación sobre la posible utilización de espacios públicos para obtener beneficios particulares. Precisamente por eso resulta indispensable investigar en lugar de normalizar ese viejo y perverso entendimiento de que las plazas educativas tienen dueño, padrino, sindicato, grupo o precio.
Las plazas no son de Mari Astrid, ni del delegado que llegue, ni del SNTE, ni del funcionario que tenga acceso al movimiento y mucho menos pertenecen a quien pueda pagar por ellas; son posiciones dentro de una estructura pública y cualquier procedimiento relacionado con ellas debe someterse a la legalidad correspondiente. Si los denunciantes sostienen que alrededor de las vacantes generadas por jubilación operaron intereses administrativos, sindicales y económicos, entonces la respuesta no puede consistir en sustituir a la titular y esperar que el tiempo haga el resto. Lo que corresponde es seguir la ruta de cada plaza, conocer quién la dejó, quién aspiraba a ella, qué antigüedad tenía, quién terminó recibiéndola, mediante qué procedimiento, con qué documentos y bajo qué intervención de las áreas administrativas y sindicales señaladas, porque sólo así podrá saberse si detrás de la lucha que fracturó a los trabajadores existieron simples diferencias laborales o mecanismos de control que jamás debieron tener cabida en la administración pública.
Por eso resulta tan difícil leer sin ironía el párrafo final en el que Rojas Martínez asegura: “Me voy orgullosa de lo que construimos”. Seguramente; el problema será determinar qué fue exactamente lo construido. Ella escribe “más cercana”, mientras los trabajadores inconformes describen distancia y confrontación; escribe “más humana”, mientras algunos trabajadores llevaron sus señalamientos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; escribe “más unida”, mientras las disputas por plazas terminaron profundizando divisiones y enfrentamientos entre trabajadores; habla de “compromiso” y “responsabilidad”, mientras el Órgano Interno de Control tiene señalamientos que deberán investigarse; habla de “un gran equipo”, mientras algunos integrantes de ese equipo terminaron litigando contra la propia Secretaría; y mientras la exdelegada agradece “cada reto superado”, los trabajadores que acudieron a las instancias laborales todavía esperan que se determine si sus derechos escalafonarios fueron efectivamente vulnerados. Ésa es precisamente la parte de la historia que no cabe entre los corazones rosas y las bendiciones infinitas de su despedida.
Mari Astrid Rojas Martínez puede despedirse como quiera y conservar la opinión que desee sobre su gestión, incluso convencerse de que dejó una Delegación unida, humana, amorosa y prácticamente tomada de las manos cantando alrededor de una fogata; ése es su derecho. Lo que su mensaje no puede hacer es sustituir la realidad documentada en expedientes y controversias, porque mientras ella escribió su despedida en WhatsApp, otros escribieron demandas; mientras ella mandó bendiciones, otros presentaron quejas; mientras ella habló de unidad, otros denunciaron violencia y división; mientras ella agradeció la confianza, trabajadores reclamaron que se respetaran sus años de servicio; y mientras asegura marcharse orgullosa de lo construido, la Secretaría de Educación de Veracruz tendrá que seguir respondiendo por las controversias que quedaron abiertas durante su gestión. Esa diferencia entre el relato personal y la consecuencia institucional es justamente la que convierte un aparentemente inocuo mensaje de despedida en un documento involuntariamente revelador de la distancia que puede existir entre la percepción que un funcionario construye de sí mismo y la experiencia de quienes estuvieron sometidos a sus decisiones.
Así que sí, que el jueves se reúnan para despedirse, como anunció en su mensaje; que se abracen, que se tomen fotografías, que intercambien bendiciones infinitas y que alguien, si el momento lo amerita, ponga Las Golondrinas. Pero cuando termine la despedida, se guarden los teléfonos y se apaguen los corazones rosas del WhatsApp, alguien en la Secretaría de Educación de Veracruz debería hacer algo bastante menos emotivo y mucho más útil: abrir los expedientes, revisar las plazas, reconstruir los movimientos cuestionados y determinar por qué una administración que hoy se despide proclamándose “más cercana, más humana y más unida” terminó dejando trabajadores enfrentados, quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señalamientos ante el Órgano Interno de Control y demandas laborales contra la propia SEV. Porque Mari Astrid se va y puede llevarse consigo sus bendiciones infinitas, sus agradecimientos y la versión idílica que escribió sobre su propia gestión; lo que no cabe en su mensaje de despedida, ni puede marcharse con ella, son los conflictos, los expedientes y los derechos de los trabajadores que quedaron reclamando respuestas.
