Denuncia persecución por publicaciones digitales
Por Julio Altamirano
Una persona vinculada al Instituto Nacional Electoral (INE) denunció una presunta persecución política y penal por parte del organismo electoral y la Fiscalía General de la República (FGR), luego de conocer documentos relacionados con una carpeta de investigación en su contra.
A través de redes sociales, la persona denunciante aseguró que la investigación busca silenciar sus críticas a la función pública, exponer presuntas irregularidades y ejercer su libertad de expresión desde los medios de comunicación.
De acuerdo con su publicación, se le atribuye el presunto delito de amenazas, relacionado con la supuesta advertencia de difundir en redes sociales una audiencia de funcionarios públicos en instalaciones institucionales.
La persona señaló que también se investigan comentarios y reacciones a publicaciones digitales, por lo que consideró que el caso representa un riesgo para la libertad de expresión, el ejercicio de la abogacía, el periodismo y la crítica a las instituciones públicas.
FGR solicita retirar contenidos de X
En los documentos difundidos se observa una solicitud de la Fiscalía General de la República, con fecha del 9 de septiembre de 2026, dirigida a autoridades de la Policía Federal Ministerial y a la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.
El escrito tiene como asunto “Solicitud de baja de contenidos digitales” y pide requerir al representante legal de la plataforma X la eliminación inmediata de determinados contenidos audiovisuales y publicaciones.
La solicitud señala que los materiales contienen imágenes de una víctima, cuya identidad se resguarda bajo las iniciales A.G.S., y que habrían generado comentarios considerados denigrantes sobre su persona, aspecto físico y orientación sexual.
Asimismo, la Fiscalía argumenta que la permanencia de los contenidos podría constituir un daño sucesivo y afectar los derechos a la intimidad, al honor y a una vida libre de violencia.
El documento también establece que, antes de la eliminación, deberá realizarse el resguardo informático de los elementos digitales, incluidos datos de las cuentas emisoras, servidores, fechas, visualizaciones y registros técnicos, con el propósito de contribuir a la identificación de los responsables.
La persona denunciante sostiene que esta actuación constituye una forma de censura; sin embargo, las acusaciones de persecución política y fabricación del delito corresponden a su versión de los hechos. La documentación difundida acredita una solicitud de retiro de contenidos, pero no demuestra por sí sola las motivaciones políticas que se le atribuyen a las autoridades.
