Titular de la SSPC, Omar García Harfuch / Internet
Por Rebeca Solano
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este domingo los primeros avances en la investigación de la incautación de 10 millones de litros de diésel ocurrida en marzo pasado en el puerto de Tampico, Tamaulipas.
Durante la conferencia de prensa, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, precisó que fueron ejecutadas órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco funcionarios de aduanas, presuntamente integrantes de una red de tráfico ilegal de hidrocarburos. “Se confirmó la existencia de una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de combustible, en la que estarían implicados principalmente empresarios y algunas autoridades”, señaló Harfuch.
El operativo se desplegó de manera simultánea en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, tras una investigación iniciada en marzo. Durante la inspección a una embarcación en el puerto de Tampico se decomisaron más de 190 contenedores, tractocamiones, remolques y 10 millones de litros de diésel, considerado uno de los mayores aseguramientos recientes en el país.
La investigación también incluyó el rastreo de operaciones financieras inusuales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como depósitos millonarios en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, lo que permitió obtener los mandamientos judiciales que derivaron en las detenciones y el bloqueo de 20 objetivos relacionados con la red.
Entre los detenidos se encuentran Manuel Roberto N., Climaco N., Humberto Enrique N., Sergio N., Carlos de Jesús N., Fernando Ernesto N., Francisco Javier N., Endira Xóchitl N., Perla Elizabeth N., Anatalia N., Ismael N., Anuar González Hemadi (exjuez del caso “Los Porkys”), Héctor Manuel N. y José N.
García Harfuch reiteró que los detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades y subrayó que las investigaciones continúan para desmantelar por completo la organización. Asimismo, reconoció la labor de la Secretaría de Marina y de los almirantes Raimundo Pedro Morales y Rafael Ojeda, asegurando que el Gobierno federal no tolerará prácticas ilícitas que afecten al desarrollo nacional ni los intereses del Estado mexicano.
