Nicolás Maduro y Alex Saab / Internet
Por Rebeca Solano
Una denuncia penal presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), que involucra al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su operador financiero Alex Saab, permanece sin respuesta, denunciaron organizaciones civiles de Venezuela.
El caso, revelado por la revista Proceso, se presentó el 18 de abril de 2024 ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), encabezada por María de la Luz Mijangos Borja, con documentos que señalan un esquema de corrupción y probable lavado de dinero relacionado con la compra en México de alimentos con sobreprecios y de baja calidad, destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) de Venezuela.
La denuncia, firmada por Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, y Óscar Murillo, de la ONG Provea, calcula un fraude de al menos 140 millones de dólares, aunque investigaciones previas de diputados opositores venezolanos han estimado montos superiores a 300 millones de dólares.
El expediente entregado a la FGR incluye facturas, estudios de calidad de los productos e investigaciones independientes que apuntan a que Saab actuó en México en complicidad con empresarios locales, utilizando recursos públicos venezolanos.
“Eso es lo que debe investigar la Fiscalía mexicana”, declaró De Freitas, quien lamentó que, tras más de un año, no exista avance ni información oficial sobre el caso.
La activista aseguró que, pese a que la denuncia fue recibida y discutida cordialmente en la FGR, hasta hoy no hay indicios de que se investigue a Saab ni a los posibles socios mexicanos.
De acuerdo con el escrito de 23 páginas, Saab —colombiano de 53 años y actualmente ministro de Industria y Producción de Venezuela— ha estado vinculado a diversas operaciones ilícitas que también señalan a Nicolás Maduro. Sin embargo, la demanda no formula acusaciones directas contra ambos, sino que solicita a la FGR determinar responsabilidades a partir de los hechos descritos.
Organizaciones denunciantes advierten que la omisión de la FGR viola el artículo octavo constitucional, al no dar respuesta formal a la petición.
