Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar / Internet
Por Rebeca Solano
El homicidio del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, puso al descubierto una presunta red delictiva vinculada al huachicol fiscal en puertos y aduanas, encabezada por los hermanos Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar) y sobrinos políticos del entonces titular de la dependencia, Rafael Ojeda.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la red habría facilitado el desembarque ilegal de combustible en al menos 31 buques. El 2 de septiembre pasado fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, mientras que su hermano Fernando continúa prófugo.
Carta de denuncia contra mandos navales
Meses antes de su asesinato, el contralmirante Guerrero entregó una carta al almirante Ojeda, en junio de 2024, donde señalaba a Roberto Farías de manipular designaciones en aduanas con el apoyo de los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Climaco Aldape Utrera para favorecer las operaciones ilícitas.
El documento fue hallado en su oficina en la 22 Zona Naval de Puerto Madero, Chiapas, su última adscripción.
La FGR sostiene que existe una relación directa entre el asesinato y la reunión que Guerrero sostuvo en octubre de 2024 con el entonces titular de la Marina, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue perpetrado por personal vinculado a la institución.
Modus operandi y conexiones
El ataque contra Guerrero replicó el modus operandi en el asesinato de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar en la delegación de la FGR en Colima, ocurrido el 21 de octubre de 2024: sicarios en motocicleta, cómplices en automóvil y armas Águila calibre 9 milímetros Luger.
En marzo de 2025, la Semar decomisó 10 millones de litros de diésel en el buque Challengge Procyon en Altamira, zona de operaciones de los Farías.
Oficiales y funcionarios detenidos
Como parte de las investigaciones, han sido detenidos cinco oficiales de la Marina y cinco funcionarios de Aduanas, entre ellos Francisco Javier Antonio Martínez, ex gerente de Finanzas de la ASIPONA en Tampico. Este último está ligado a la importadora Intanza, señalada por traficar millones de litros de diésel bajo la fachada de aditivos.
La FGR mantiene abierta una carpeta de investigación por delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio, en un caso que exhibe los presuntos nexos de altos mandos navales con el crimen organizado en puertos estratégicos del país.
