Señalan persecución durante sexenio
Por Rebeca Solano
Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, documentó ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y analiza si, en conjunto, estos hechos podrían constituir persecución como crimen de lesa humanidad bajo el Estatuto de Roma.
El estudio, denominado “Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico”, señala que durante ese periodo fueron identificados 337 periodistas y defensores asesinados: 78 periodistas y 259 defensores. Además, el equipo de Berkeley verificó 75 casos de asesinatos, desapariciones forzadas y otras formas graves de violencia.
La investigación también documenta vigilancia mediante el software Pegasus, además de otras herramientas de espionaje adquiridas por el Ejército mexicano. Berkeley sostiene que estas herramientas fueron utilizadas contra periodistas y personas críticas, pese a declaraciones públicas de López Obrador en las que negó que su gobierno espiara a periodistas y opositores.
Otro apartado analiza las expresiones realizadas desde las conferencias presidenciales contra periodistas y defensores, así como posteriores campañas de hostigamiento digital. El centro documentó más de mil 400 conferencias de prensa mediante una base de datos utilizada para analizar estos patrones.
Berkeley plantea que la vigilancia intrusiva, el hostigamiento, la estigmatización pública, los procesos legales abusivos y la violencia física, considerados conjuntamente, pueden ser analizados bajo el concepto de persecución como crimen de lesa humanidad.
La investigación fue concebida originalmente como una posible presentación ante la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, Berkeley señala que las sanciones estadounidenses contra la CPI impidieron una vía legal para entregar directamente la evidencia, por lo que los resultados fueron publicados mediante una plataforma abierta.
El estudio no equivale a una sentencia ni establece responsabilidad penal de López Obrador. Se trata de una investigación que reúne evidencia y presenta un análisis jurídico sobre la posibilidad de que los hechos documentados sean examinados conforme al derecho penal internacional. Berkeley sostiene que el conjunto de evidencia amerita una revisión preliminar.
