Irene Sedas González, actual síndica única del Ayuntamiento de Córdoba
Por Alberto Mejía
Un grupo de docentes y ciudadanos realizó un pronunciamiento público para exigir una investigación sobre presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y tráfico de influencias que, señalan, estarían relacionados con la gestión de Irene Sedas González, actual síndica única del Ayuntamiento de Córdoba.
En el documento, dirigido a autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se solicita revisar el desempeño de Sedas González durante el periodo en que estuvo al frente del Departamento de Telesecundarias Estatales.
Los inconformes la señalan de presuntamente haber operado en beneficio propio y de personas de su círculo cercano, además de cuestionar su relación con el exsecretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García. Estas acusaciones forman parte del pronunciamiento y no se presentan en el documento como hechos acreditados mediante una resolución judicial.
Entre los señalamientos se encuentra la presunta asignación irregular de plazas a familiares de personas que, según los denunciantes, no pertenecían al sistema de Telesecundarias ni contaban con el perfil o los estudios requeridos.
Asimismo, acusan presuntas irregularidades en el manejo de plazas y tiendas escolares, que habrían generado adeudos y afectaciones para trabajadores del sector educativo.
Ante ello, los promoventes solicitaron al alcalde de Córdoba, Manuel Alonso Cerezo, que se inicien los procedimientos correspondientes para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
También pidieron a la Fiscalía Anticorrupción y a los gobiernos estatal y federal realizar una auditoría sobre los recursos y los procesos de asignación de plazas dentro del Departamento de Telesecundarias Estatales durante el periodo señalado.
Finalmente, los inconformes demandaron que Irene Sedas González dé respuesta pública a los cuestionamientos relacionados con su gestión y los presuntos adeudos señalados, bajo el argumento de que el servicio público debe estar sujeto a transparencia y rendición de cuentas.
